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sexta-feira, 29 de dezembro de 2017

La maratónica travesía de una venezolana que decidió emigrar por tierra







RENATO SANTOS   29/12/2017   

La maratónica travesía de una venezolana que decidió emigrar por tierra


Elizabeth Rivera estuvo tres días insistiendo para la compra de un pasaje en autobús que la llevara a San Cristóbal, estado Táchira, para entonces cruzar la frontera con Colombia, la cual se ha convertido en la vía más fácil para emigrar del país… sin embargo, es toda una maratónica travesía.


Un gran número de personas llegan al terminal de pasajeros Flamingo, ubicado en el Parque Francisco de Miranda en Caracas, para adquirir sus pasajes, pero la lista para comprar tickets es de nunca acabar. Desde las 5:00 am todos exhortan: “¡La lista, la lista!”, reseñó el diario 2001.


En ese sentido, uno de los pasajeros que está desde las 8:00 pm del día anterior acotó que la vendedora de café del lugar ordena a las personas por destinos, pues adentro eligen cuántos autobuses viajarán debido a la falta de repuestos y el precio para adquirir los boletos. Aunque Rivera llegó al terminal a las 3:00 am, fue informada que la mujer apartó cupos para ser negociados.


Algunos cuentan que vendieron lo poco o mucho que tenían. Comparten, en anécdotas, el suplicio de buscar dinero en efectivo ante la escasez de billetes que, también, colapsó los puntos de venta.


Tras varios intentos y largos períodos de quejas, Rivera quien es especialista en Mercadeo, y madre de dos hijos, logró adquirir el pasaje que la llevará al estado fronterizo donde tiene previsto después agarrar una nueva unidad de transporte que la acerque más a su destino final que será Argentina junto a los 1.100 dólares que logró reunir, sin embargo, esta no es la primera vez que intentó emigrar ya que hace tres años fue a Panamá, pero no logró obtener un estatus legal para quedarse.


Ahora, también se subraya el duelo que viven padres, amigos y familiares en general, pues, las filas de estos centros de viajes están compuestos por personas que quieren salir del país, por lo que la sala de espera se llena de besos, llantos y bendiciones de quienes despiden a sus familiares antes de abordar.


Tras más de 12 horas en carretera y más de 900 kilómetros, la unidad llega a San Antonio del Táchira donde varían los medios, entre taxis, autobuses y ganas de caminar hasta llegar a la frontera y cruzar a Cúcuta, Colombia.


Elizabeth Rivera logró llegar al primer control migratorio donde un guardia se disponía a revisar su equipaje en buscar de “ron y cigarros”, pero ante el peso del mismo desistió de manera inesperada.


A unos 500 metros de este punto se encuentra la plaza donde quedan el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. Allí están los que “venden puestos” que te ayudan con los funcionarios del Saime para sellar el pasaporte y así “ahorrarte” las tres horas que dura el proceso, pero el pago por se debe hacer en bolívares, dólares o pesos colombianos.


Además, la cola para realizar el proceso no es la única dificultad por la que atravesó Rivera ya que la luz se fue en la localidad y se paralizaron los trámites por aproximadamente media hora. Aunque las oficinas del Saime trabajan hasta las 8:00 pm, eso no te asegura que te van a sellar el documento ese mismo día del lado colombiano, ya que existen filas similares.


Sumado a todo esto, surge un nuevo requisito: la compra de estampillas por Bs. 700, que solo se vende en un puesto ambulante ubicada a pocos metros. “No es necesario colocarla, es la tasa de salida que debes pagar”, responde la funcionaria a todo el que pregunta por la estampilla después de cancelar.


Luego de tres horas, Elizabeth llegó a la última taquilla donde fue cuestionada sobre si “¿su viaje para Colombia es turismo? ¿qué hará? ¿cuánto tiempo estará?”.


Tras pasar este punto, la mujer siguió su ruta por el puente Simón Bolívar, con una sonrisa de esperanza al ver cumplir parte de su meta después de cuatro días. Al llegar al otro lado, hay que hacer la fila de migración para sellar la entrada a la nación colombiana, tiempo que aprovecha Elizabeth para buscar el autobús que la llevará a su próxima parada que será Bogotá, donde tiene amigos que le darán posada, comida caliente y la posibilidad de bañarse.


Tres días y dos horas después de su salida de Caracas, Elizabeth entró a Colombia, esta vez sin mayores inconvenientes, ni preguntas. “Bienvenida”, le dijeron igualmente en Ecuador y Perú, donde vio a otros venezolanos estando algunos en situación de indigencia.

Según el reportaje del Diario 2001, solo en Chile presenciaría los insultos de una funcionaria a un par de jóvenes, a quienes llamó “chulos”, aunque a pesar de esto su viaje continúo hasta Santiago, donde pasó una noche con unos familiares para luego proseguir su trayecto hasta Buenos Aires, lugar al que arribó después de varias horas de camino y una temperatura de 5º centígrados.

Ante todo pronóstico y adversidad, Elizabeth logró su cometido, tal como otras personas salen del país en busca de un futuro mejor. En la actualidad, 190.000 venezolanos han recibido sus visas o permisos para regularizar sus estatus migratorios en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay, mientras aún otros siguen a la espera.

A que, o a quien, le temes tanto Maduro.









RENATO  SANTOS  29/12/2017


A que, o a quien, le temes tanto Maduro.


El miedo se desborda en Miraflores y usted Maduro ya no sabe que hacer, ni que decir al público en las cadenas presidenciales mafiosas, todo se te está enredando y cada segundo mira hacia arriba a ver si Oscar Pérez está guindando en el techo como el de la película misión imposible .

Pero aquí yo le digo algo Maduro, hay millones de Oscar Pérez que queremos sacarlo de Miraflores, así que tendrás que cometer un genocidio y eliminarnos a todos, crees que podrás eliminar a mas de 28 millones de venezolanos? 


No Maduro estas fuera de la realidad y su final se acerca y se siente los pasos de un caballo blanco y el ruido de una espada afilada al ritmo de su corazón acelerado inflado por el colesterol que no puedes contener las taquicardias.


Maduro dígame algo que se siente cuando Oscar Pérez esta detrás de usted? Y mide cada uno de sus pasos. Que se siente estar en suspenso caminando por los pasillos de Miraflores, no se sabe, si Oscar le puede salir por el techo o tal vez le salga una guaya por la poceta y lo ensarte justamente ahí, ay Nicolás la verdad no quiero estar en sus zapatos, y acuérdese que se lo dije antes la justicia le llegara y no escaparas y esta vez hay muchísimos Oscars, yo soy una Oscarsita y soy también la voz de millones de venezolanos y aquí todos vamos alzar nuestras voces, porque usted realmente no es un emperador, ni el dueño de Venezuela para mandarnos a callar.


Usted Maduro ha mandado asesinar a Oscar y lo está buscando hasta por debajo de las piedras, pero Oscar está protegido por el Pueblo y no vas a lograr sus objetivos asesinos, cada paso de Oscar, son los pasos de cada uno de los venezolano que está pasando hambre y dolor por la dictadura en la que usted Nicolás mantiene al pueblo sumergido en la miseria y desolación, esos pasos de Oscar Pérez son bendecidos por el Libertador Simon Bolívar que es el ángel guardián de la Libertad y vela por todos los Guerreros Libertarios y Oscar está en cada uno de nosotros presente y no podrás cerrar las puertas de una luz Libertaria que viene en camino.


Usted Maduro no tiene las fuerzas para continuar por más tiempo en el poder, no se engañe a usted mismo, no se crea el duro, porque usted y yo sabemos muy bien que algo viene y llegará su final y no tendrás mas a Padrino López que lo defienda, pues Padrino López también le traerá otra sorpresa y caerán los dos derrotados y el bravo pueblo brillará de nuevo cantando por las calles levantaremos la voz con júbilo gritando de Alegría por fin mi país libre y más nunca dejaremos entrar al socialismo corrupto divisionista asesino a nuestra patria querida, seremos los soldados Guerreros de Bolívar y defenderemos nuestra bandera, porque somos Resistencia y somos Venezuela .


“Cuando las calamidades públicas me pusieron las armas en las manos para libertar a mi patria, yo no consulté mis fuerzas ni mis talentos” Simon Bolívar.
Luz Marquez 29 de Diciembre de 2017.

A Presidente do STF Carmem Lucia Suspende O Indulto de Natal Dado Por Decreto de Michel Temer Até o Julgamento Pelo Plenário do STF OU Decisão do Relator Ministro Barroso <<<<> O Crime Não Vencerá a Justiça ?>>>> Assim Todos Esperamos ! Estamos de Olho












RENATO SANTOS  29/12/2017  Lembram  aquela famosa  frase  da  Ministra  Carme  Lúcia    que  se  encontra  na  foto ?  

Claro  quando  ela  confirmou a  prisão  do  Delcídio do  Amaral  do  PT, a Justiça  Ela  é   SOBERANA, INDEPENDENTE,  e precisa  ser  ATIVA  assim  que  é  mencionada,  ainda  temos  que  acreditar  na  ESPERANÇA !

Agora  a  decisão  final cabe  ao  relator 
LUIZ   ROBERTO  BARROSO ou  ao  PLENÁRIO  DO  STF  .

 


A Decisão  foi  tomada  no  momento certo, lugar  de  bandido  é  na cadeia  principalmente  políticos  safados  que  roubaram  o dinheiro  nosso  independente  de  bandeiras  partidárias. 

Ninguém  esta  acima  da  Constituição e  de  seus  Ordenamentos  Jurídicos, o Indulto de  Natal  além de ser  um  retrocesso  é  uma vergonha, seria  o  fim  da  OPERAÇÃO  LAVA  JATO. 

MICHEL TEMER, dá  provas  que   segue  as  normas de CUBA,  isso  é  a  carta  de FIDEL  CASTRO,   assim  como faz  NICOLAS MADURO na VENEZUELA que  enganou  até  os  chavistas  para  eleger  seus  pares  nesses  eleições  de  2017.

Falta muita  coisa  para   ser  feita  ainda, mas  com  certeza  é  um pequeno  passo  para  libertar  o  STF  do  sistema  da  CLEPTOCRACIA   que  dominou  a   SUPREMA  CORTE, mas,  ainda  falta  o  principal  a  prisão  de  LULA,  que  com certeza   será  feita  até  agosto de  2018,  graças  a  SUPREMA  CORTE  AMERICANA   que  acatou  o  pedido  do Ministério  Público  Americano,  pra  sua  realização.

Vamos  pra  decisão  :

“Indulto não é e nem pode ser instrumento de impunidade”, afirma presidente do STF. De acordo com a ministra, dispositivos suspensos "não se coadunam com a finalidade constitucionalmente estatuída a permitir o indulto, portanto, sem fundamento jurídico válido”.

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, deferiu medida cautelar para suspender os efeitos de dispositivos do Decreto 9.246/2017 que reduziram o tempo de cumprimento da pena para fins de concessão do chamado indulto de Natal. “Indulto não é e nem pode ser instrumento de impunidade”, afirma a ministra na decisão, tomada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5874, ajuizada pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Os dispositivos impugnados são o inciso I do artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 2º e os artigos 8º, 10 e 11 do decreto. O inciso I do artigo 1º concede indulto natalino aos condenados que cumpriram um quinto da pena, no caso de não reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência. Reduções de penas também estão previstas no artigo 2º. O artigo 8º beneficia réus que cumprem medidas alternativas à prisão ou tenham obtido a suspensão condicional do processo, e o artigo 10º extingue penas de multa e flexibiliza a reparação do dano causado. O artigo 11 prevê a possibilidade da concessão do benefício mesmo quando ainda há recursos em andamento.
A ministra explicou a natureza do indulto, adotado no Brasil desde a Constituição de 1891 “em situações específicas, excepcionais e não demolidoras do processo penal” a fim de se permitir a extinção da pena pela superveniência de medida humanitária. A medida, segundo a presidente, é um gesto estatal que beneficia aquele que, tendo cumprido parte de seu débito com a sociedade, obtém uma nova chance de superar seu erro, fortalecendo a crença no direito e no sistema penal democrático. “Indulto não é prêmio ao criminoso nem tolerância ao crime”, ressaltou. “O indulto constitucionalmente previsto é legitimo apenas se estiver em consonância com a finalidade juridicamente estabelecida. Fora daí é arbítrio”.
Em relação ao Decreto 9.246/2017, Cármen Lúcia entendeu que os dispositivos impugnados pela procuradora-geral da República não se coadunam com a finalidade constitucional do instituto do indulto, pois “esvazia-se a jurisdição penal, nega-se o prosseguimento e finalização de ações penais em curso, privilegia-se situações de benefícios sobre outros antes concedidas a diluir o processo penal, nega-se, enfim, a natureza humanitária do indulto, convertendo-o em benemerência sem causa e, portanto, sem fundamento jurídico válido”.
Crimes de "colarinho branco"
A presidente também considerou plausível a alegação da PGR de afronta ao princípio da proporcionalidade, porque os dispositivos questionados “dão concretude à situação de impunidade, em especial aos denominados ‘crimes de colarinho branco’, desguarnecendo o erário e a sociedade de providências legais voltadas a coibir a atuação deletéria de sujeitos descompromissados com valores éticos e com o interesse público garantidores pela integridade do sistema jurídico”.
Em relação à multa, a decisão destaca que a pena pecuniária “não provoca situação de desumanidade ou digno de benignidade”, e lembra que o STF firmou jurisprudência no sentido de que, para que o condenado possa obter benefício carcerário, como a progressão de regime, é imprescindível o adimplemento da pena de multa. “Indulto de pena pecuniária significa, num primeiro exame, relativização da jurisdição e agravo à sociedade”, afirma a ministra.
Para a presidente do Supremo, as circunstâncias que conduziram à edição do decreto, “que, numa primeira análise, demonstra aparente desvio de finalidade”, impõem a concessão de cautelar para a suspensão da norma. A medida, conforme assinalou, não implica qualquer dano de difícil reparação, pois os possíveis beneficiários do indulto cumprem pena imposta mediante processo penal regular, “não havendo se falar em agravamento de sua situação criminal ou em redução de direitos constitucionalmente assegurados”.
A decisão suspende os efeitos dos dispositivos apontados pela procuradora-geral até o exame do caso pelo relator da ADI 5874, ministro Luís Roberto Barroso, ou pelo Plenário do STF.

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.874 DISTRITO FEDERAL RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO REQTE.(S) :PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA INTDO.(A/S) :PRESIDENTE DA REPÚBLICA ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO DECISÃO MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9246/2017. DESVIO DE FINALIDADE, DESCRIMINALIZAÇÃO E VEDAÇÃO À PROTEÇÃO DEFICIENTE DO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO DIREITO. AGRAVO À JURISDIÇÃO. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DOS ARGUMENTOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Relatório 1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, em 28.12.2017, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do “art. 1º- I, §1º - I do art. 2º, e os artigos 8º, 10 e 11 do Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, que concedem indulto”, por contrariedade aos arts. 2º, 5º, caput, e incs. XLVI, XLII, LIV, e 62 § 1º, al. b, da Constituição da República. 2. As normas impugnadas estabelecem: “Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14250924. ADI 5874 MC / DF cumprido: I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;”. “Art. 2º O tempo de cumprimento das penas previstas no art. 1º será reduzido para a pessoa: I - gestante; II - com idade igual ou superior a setenta anos; III - que tenha filho de até quatorze anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com doença crônica grave ou com deficiência, que necessite de seus cuidados; IV - que tenha neto de até quatorze anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência, que necessite de seus cuidados e esteja sob a sua responsabilidade; V - que esteja cumprindo pena ou em livramento condicional e tenha frequentado, ou esteja frequentando, curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, reconhecido pelo Ministério da Educação, ou que tenha exercido trabalho, no mínimo por doze meses, nos três anos contados retroativamente a 25 de dezembro de 2017; VI - com paraplegia, tetraplegia ou cegueira adquirida posteriormente à prática do delito, comprovada por laudo médico oficial, ou, na falta do laudo, por médico designado pelo juízo da execução; VII - com paraplegia, tetraplegia, cegueira ou neoplasia maligna, ainda que em remissão, mesmo que tais condições sejam anteriores à prática do delito, comprovadas por laudo médico oficial ou, na falta do laudo, por médico designado pelo juízo da execução, e resulte em grave limitação de atividade ou exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal; VIII - acometida de doença grave e permanente, que apresente grave limitação de atividade ou que exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, desde que comprovada por laudo médico oficial, ou, na falta do laudo, por médico designado pelo juízo da execução; ou 2 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14250924. ADI 5874 MC / DF IX - indígena, que possua Registro Administrativo de Nascimento de Indígenas ou outro documento comprobatório equivalente. § 1º A redução de que trata o caput será de: I - um sexto da pena, se não reincidente, e um quarto da pena, se reincidente, nas hipóteses previstas no inciso I do caput do art. 1º;”. “Art. 8º Os requisitos para a concessão do indulto natalino e da comutação de pena de que trata este Decreto são aplicáveis à pessoa que: I - teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos; II - esteja cumprindo a pena em regime aberto; III - tenha sido beneficiada com a suspensão condicional do processo; ou IV - esteja em livramento condicional.” “Art. 10. O indulto ou a comutação de pena alcançam a pena de multa aplicada cumulativamente, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na Dívida Ativa da União, observados os valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda. Parágrafo único. O indulto será concedido independentemente do pagamento: I - do valor multa, aplicada de forma isolada ou cumulativamente; ou II - do valor de condenação pecuniária de qualquer natureza. Art. 11. O indulto natalino e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação de qualquer natureza após a apreciação em segunda instância; III - a pessoa condenada responda a outro processo criminal sem decisão condenatória em segunda instância, mesmo que tenha por objeto os crimes a que se refere o art. 3º; ou 3 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14250924. ADI 5874 MC / DF IV - a guia de recolhimento não tenha sido expedida”. 3. A Procuradoria Geral da República argumenta que, ao se estabelecer, no art. 1º, inc. I, do Decreto n. 9.246/2017, a concessão do indulto aos condenados que cumpriram “apenas um quinto de suas penas, inclusive as penas restritivas de direito – após terem sido processados e julgados pelo Poder Judiciário, com base em critérios constitucionais de individualização e dosimetria da pena pela prática de crime previsto em lei penal -- viola os princípios constitucionais da separação dos Poderes, da individualização da pena, da vedação constitucional ao Poder Executivo para legislar sobre direito penal e de vedação da proteção insuficiente, porque promove punição desproporcional ao crime praticado, enseja percepção de impunidade e de insegurança jurídica, e desfaz a igualdade na distribuição da justiça”. Argumenta-se, na inicial, que, “ao conceder indulto genérico e extremamente abrangente, de forma a extinguir 80% (oitenta por cento) da pena de criminosos devidamente sentenciados e condenados pelo Poder Judiciário segundo os parâmetros constitucionais e legais vigentes, editados pelo Poder Legislativo, o Decreto 9.246/17 não demonstrou a razão de fato e de direito a justificar os benefícios concedidos, que é a modificação pontual de casos específicos e peculiares que apresentam alguma razão humanitária ou de eventual correção de iniquidade da sentença pelo excessivo rigor da norma penal”. A Autora anota que, “ao extingu[ir] a punibilidade do réu condenado antes do cumprimento integral da pena que lhe foi aplicada pelo juiz”, o indulto significa atuação atípica do Poder Executivo em atividade própria do Poder Judiciário, que deve observar a legalidade e adequar-se à Constituição, sob pena de ser medida desproporcional. Para a Autora o decreto objeto desta ação configuraria ato arbitrário porque culminaria na impunidade de crimes graves, sem observar a necessária individualização da pena, perdoando delitos de relevância social e comutando penas de forma indiscriminada, contrariando-se, assim, o princípio da dignidade da pessoa e impedindo a construção de 4 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14250924. ADI 5874 MC / DF uma sociedade justa e solidária que anseia por medidas de promoção do bem de todos pautadas na igualdade e na eficácia da jurisdição. Assevera que os termos do decreto promovem desigualdade e desequilíbrio no sistema jurídico-penal ao retirar a eficácia de normas de direito penal editadas pelo Poder Legislativo e aplicadas pelo Poder Judiciário. Acrescenta que o decreto seria “inconstitucional porque nega efeito inibitório à decisão do Poder Judiciário, instituído pela Constituição. Sem as repercussões patrimoniais, considerado o beneplácito estendido às penas pecuniárias pelo Decreto 9246/17, a seguir impugnadas, o condenado não tem o mais ínfimo desestímulo de cometer novos crimes e não teria mais nenhum interesses em colaborar com a justiça, seja pela confissão, seja pela colaboração premiada”. Destaca que as hipóteses previstas no art. 8º, salvo o disposto no inc. III (no qual qual não há condenação), já alcançaram consideráveis favores legais, pelo que nova benesse seria exacerbada. A inconstitucionalidade do art. 10 estaria demonstrada pela inadequada renúncia de receita agravada pela sinalização de tolerância com a impunidade, determinada por medida que não modifica a realidade prisional. Pondera que o art. 11 trataria indistintamente de situações nas quais estão pendentes o julgamento de recursos, cujas ações não transitaram em julgado ou não tiveram início da execução da pena. Pela possibilidade de mudança da capitulação de crimes e de aumento de pena, a Autora afirma que tanto significaria menosprezo à atuação do Poder Judiciário. Conclui que o decreto impugnado “será causa única e precípua de impunidade de crimes graves, como aqueles apurados no âmbito da “Operação 5 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14250924. ADI 5874 MC / DF Lava Jato” e de outras operações contra a corrupção sistêmica e de investigações de grande porte ocorridas nestes últimos anos”. Afirma que o perigo da demora para decisão sobre a cautelar decorreria de que, além de as normas terem vigência temporária, enquanto a eficácia dos artigos indicados não for suspensa “há o risco de extinção da punibilidade de muitas condenações, de modo contrário à Constituição”. 4. Requer a suspensão cautelar dos efeitos das normas impugnadas. No mérito, pede seja julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, inc. I, art. 2º, § 1º, inc. I, e arts. 8º, 10 e 11do Decreto nº 9.246/2017. 5. Examinados os elementos constantes dos autos eletrônicos, DECIDO. Da urgência qualificada a impor aplicação do art. 13 6. Ao dispor sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a Lei n. 9.868/1999 excetua, em seu art. 10, a regra da submissão da medida cautelar ao Plenário deste Supremo Tribunal no recesso forense, período no qual compete ao Presidente decidir questões urgentes (art. 13, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). A leitura da inicial da presente ação e do texto normativo sob exame evidenciam a impossibilidade de se postergar a apreciação e decisão deste requerimento cautelar, sendo manifestos os riscos decorrentes do aguardo da providência pela instância natural deste Supremo Tribunal, qual seja, o exame pelo Relator e a submissão da matéria ao Plenário. Essa a razão pela qual analiso o pleito de medida cautelar. 6 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14250924. ADI 5874 MC / DF Do indulto: natureza e finalidades 7. Indulto não é nem pode ser instrumento de impunidade. É providência garantidora, num sistema constitucional e legal em que a execução da pena definida aos condenados seja a regra, possa-se, em situações específicas, excepcionais e não demolidoras do processo penal, permitir-se a extinção da pena pela superveniência de medida humanitária. Essa medida significa gesto estatal que beneficia aquele que, tendo cumprido parte de seu débito com a sociedade, obtenha, com a providência, um reconhecimento de que seu erro foi assumido por ele, punido e sobre ele se debruçou o infrator. Ainda assim, a sociedade oferece-lhe uma nova chance de superar seu erro. Fortalece-se, então, a crença no direito e no sistema penal democrático. Indulto não é prêmio ao criminoso nem tolerância ao crime. Nem pode ser ato de benemerência ou complacência com o delito, mas perdão ao que, tendo-o praticado e por ele respondido em parte, pode voltar a reconciliar-se com a ordem jurídica posta. Se não for adotado na forma da legislação vigente transmuda-se o indulto em indolência com o crime e insensibilidade com a apreensão social que crê no direito de uma sociedade justa e na qual o erro é punido e o direito respeitado. Mas a humanidade com os que purgaram pelo seu erro criminal, na forma do direito estabelecido, encontra o veio do perdão pela nova chance oferecida ao condenado. Por essa natureza é que se aceita, ainda hoje, o indulto, mesmo quando não mais prevalecem, no sistema penal dos Estados democráticos, penas cruéis ou degradantes, tratamentos desumanos, tudo a recomendar o cumprimento da pena pelo condenado. O indulto mantém-se como forma de lembrar, na fórmula da APAC, que “todo homem é maior que seu erro”. Dir-se-ia: a sociedade é maior que o agravo cometido pelo criminoso. 7 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14250924. ADI 5874 MC / DF Daí a grande lição de Ruy Barbosa ao verberar: “Nenhum poder mais augusto confiou a nossa lei fundamental ao Presidente do que o indulto. É a sua colaboração na justiça. Não se lhe deu, para se entregar ao arbítrio, para se desnaturar em atos de validismo, para contrariar a justa expiação dos crimes. Pelo contrário, é o meio, que se faculta ao critério do mais alto magistrado nacional, para emendar os erros judiciários, reparar as iniquidades da rigidez da lei, acudir aos arrependidos, relevando, comutando, reduzindo as penas, quando se mostrar que recaem sobre os inocentes, exageram a severidade com os culpados, ou torturam os que, regenerados, já não merecem o castigo, nem ameaçam com a reincidência a sociedade. Todos os Chefes de Estado exercem essa função melindrosíssima com o sentimento de uma grande responsabilidade, cercando-se de todas as cautelas, para não a converter em valhacouto dos maus e escândalo dos bons” (Barbosa, Ruy – Comentários à Constituição Federal Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1933, v. III, p. 257) Em seus comentários a ato do Presidente Hermes, afirmava ele sobre o indulto então concedido que “Essa marroada na Constituição da República era, ao mesmo tempo, uma pancada mortal de martinete na probidade oficial. … Que resta dessa Constituição? Que resta do pudor dos homens...”). 8. Verifica-se, de logo, pois, que o indulto constitucionalmente previsto é legitimo apenas se estiver em consonância com a finalidade juridicamente estabelecida. Fora daí é arbítrio. 9. Instituto objeto do decreto n. 9.246/2017, agora impugnado, o indulto tem sido adotado, no Brasil, desde a Constituição de 1891 (6º. do art. 48: “Art 48 - Compete privativamente ao Presidente da República: ... 6º) indultar e comutar as penas nos crimes sujeitos à jurisdição federal, salvo nos casos a que se referem os arts. 34, nºs 28, e 52, § 2º...”). Ausente na Constituição de 1934, retornou ele na Carta de 1937 (em que pese a sua condição meramente formal, não aplicada e sua prescrição autoritária – al. n do art. 74, referindo-se, textualmente a graça), 8 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14250924. ADI 5874 MC / DF mantendo-se na Constituição de 1946 (inc. XIX do art. 87), na Carta de 1967 com a Emenda Constituição n. 1, de 1969 (inc. XX do art. 83) e no inc. XII do art. 84 da Constituição de 1988, esse último adotado como fundamento do Decreto n. 9246/2017, objeto da presente ação direta. 10. Na vigência desta Constituição, foram expedidos decretos de indulto nos períodos de natal, a comprovar a natureza benemérita do instituto, agraciando-se o condenado que já tenha cumprido parte da pena e esteja em condições humanitárias de atender ao desiderato constitucional de contemplar a apenado arrependido ou em especiais condições que desumanizam a sua permanência no cárcere, sem se comprometer a segurança pública e jurídica dos cidadãos com a sua exclusão do sistema penal. Maquiando a descriminalização sob a forma de indulto, o que se estaria a praticar seria o afastamento do processo penal e da pena definida judicialmente. Até para não se permitir tal arbítrio ao Chefe do Poder Executivo é que a Constituição Republicana de 1891 afastava daquela atribuição os crimes relativos ao trabalho (inc. 28 do art. 34) e o Presidente da República nos crimes comuns e de responsabilidade (§ 2o do art. 52). 11 Alega-se, na presente ação, que os dispositivos incluídos no Decreto n. 9.246, de 21 de dezembro de 2017, e agora impugnados contrariariam os princípios constitucionais “da separação dos Poderes, da individualização da pena; da vedação constitucional ao Poder Executivo para legislar sobre direito penal e da vedação da proteção insuficiente, porque promove punição desproporcional ao crime praticado, ensejaria percepção de impunidade e de insegurança jurídica e desfaz a igualdade na distribuição da justiça”. Desvio de finalidade no decreto questionado 12. O ato administrativo dispõe de elementos fora dos quais não se 9 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14250924. ADI 5874 MC / DF valida. Põe-se em consonância com o direito para ser legítimo e prosperarem os seus efeitos. Ensinava Seabra Fagundes, que “a atividade administrativa sendo condicionada, pela lei, à obtenção de determinadas consequências, não pode o administrador, ao exercê-la, ensejar consequências diversas das visadas pelo legislador. Os atos administrativos devem procurar atingir as consequências que a lei teve em vista quando autorizou a sua prática, sob pena de nulidade. … A lei previu que o ato fosse praticado visando a certa finalidade, mas a autoridade o praticou com finalidade diversa. Houve uma burla da intenção legal. A autoridade agiu contrariando o espírito da lei” (FAGUNDES, M. Seabra – O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 87). 13. O indulto tem a finalidade constitucional de assegurar àquele que tenha cumprido parte de sua pena e esteja em condições que se tornaram excessivamente gravosas e de lembrar à sociedade, que busca a punição do crime, o seu lado humano, que garante se queira a justiça, mas não se deseje a vingança. Como o desvio de finalidade torna nulo o ato administrativo, compete ao Supremo Tribunal Federal, na forma pleiteada pelo Ministério Público Federal, fazer o controle de constitucionalidade do documento normativo, geral e abstrato como o que é objeto da presente ação. 14. Na espécie, o controle é de constitucionalidade por ser o instituto constitucional e a sua finalidade definida na ordem jurídica fundamental. O exame de validade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário é frequente e necessário para resguardo do sistema jurídico. Tanto se deu, por exemplo, em caso específico de análise judicial de validade de ato administrativo no qual a Presidência da República, competente para a 10 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14250924. ADI 5874 MC / DF prática de determinado ato, adotou-o para finalidade diversa daquela prevista em lei. Observou o Ministro Gilmar Mendes ao decidir a medida liminar no mandado de segurança n. 34.070, no qual se alegava exatamente desvio de finalidade de ato administrativo da Presidência da República: “Apesar de ser atribuição do Presidente da República a nomeação de Ministro de Estado (art. 84, inciso I, da CF), o ato que visa o preenchimento de tal cargo deve passar pelo crivo dos princípios constitucionais... A propósito, parece especialmente ilustrativa a lição de Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero, na obra ‘Ilícitos Atípicos’. Dizem os autores, a propósito dessa categoria: ‘ os ilícitos atípicos são ações que, prima facie, estão permitidas por uma regra, mas que, uma vez consideradas todas as circunstâncias, devem considerar-se proibidas’. (ATIENZA, Manuel; MANERO, Juan Ruy – Ilícitos Atípicos. 2a. Edi. Madrid: Editoral Trotta, 2006, p.12). E por que devem ser consideradas proibidas? Porque, a despeito de sua aparência de legalidade, porque, a despeito de estarem, à primeira vista, em conformidade co uma regra, destoam da razão que a justifica, escapam ao princípio e ao interesse que lhe é adjacente. Trata-se simplesmente de garantir coerência valorativa ou justificativa ao sistema jurídico e de apartar, com clareza, discricionariedade de arbitrariedade. … Especificamente nos casos de desvio de finalidade, o que se tem é a adoção de uma regra que aparenta estar em conformidade com uma certa regra que confere poder à autoridade (regra de competências, mas que, ao fim, conduz a resultados absolutamente incompatíveis com o escopo constitucional desse mandamento e, por isso, é tida como ilícita. Mandado de Segurança n. 34.070 – Relator Ministro Gilmar Mendes. DJE 102 de 19.5.2016” Pertinente também, no caso, é o ensinamento de Victor Nunes Leal, segundo o qual “se a Administração não atende ao fim legal, a que está 11 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14250924. ADI 5874 MC / DF obrigada, entende-se que abusou de seu poder. … O fim legal é, sem dúvida, um limite ao poder discricionário. Portanto, se a ação administrativa desatende a essa finalidade, deve-se concluir que extralimitou de sua zona livre, violando uma prescrição jurídica expressa ou implícita, o que a transpõe, por definição para a zona vinculada” (LEAL, Victor Nunes – Problemas de direito público. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 285). 15. As alegações da Autora da presente ação são demonstradas no sentido de que os dispositivos impugnados (item I do art. 1o.; § 1o. Do art. 2o.; arts. 8o., 10 e 11 da Constituição da República) não se coadunam com a finalidade constitucionalmente estatuída a permitir o indulto, pois, conforme posto na peça inicial do processo, esvazia-se a jurisdição penal, nega-se o prosseguimento e finalização de ações penais em curso, privilegia-se situações de benefícios sobre outros antes concedidas a diluir o processo penal, nega-se, enfim, a natureza humanitária do indulto, convertendo-o em benemerência sem causa e, portanto, sem fundamento jurídico válido. Descriminalização e vedação ao princípio da proteção insuficiente da tutela a bem jurídico acolhido no sistema 16. Mostra-se plausível, ainda, a alegação de afronta ao princípio da proporcionalidade, vinculada à proibição de se negar a proteção suficiente e necessária de tutela ao bem jurídico acolhido no sistema para garantia do processo penal. Tanto se comprova pela circunstância de os dispositivos impugnados parecerem substituir a norma penal garantidora da eficácia do processo, afrontando a finalidade e superando os limites do indulto. Invade-se, assim, competência típica e primária dos poderes Legislativo e Judiciário. Também o princípio da proporcionalidade consubstanciado na proibição de proteção deficiente parece afrontado pelos dispositivos impugnados na presente ação direta de inconstitucionalidade, porque 12 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14250924. ADI 5874 MC / DF dão concretude à situação de impunidade, em especial aos denominados ‘crimes de colarinho branco’, desguarnecendo o erário e a sociedade de providências legais voltadas a coibir a atuação deletéria de sujeitos descompromissados com valores éticos e com o interesse público garantidores pela integridade do sistema jurídico. Segundo lição do Ministro Gilmar Mendes no julgamento de precedente mencionado pela Autora desta ação direta de inconstitucionalidade, “uma vez que se ateste que as medidas legislativas adotadas transbordam os limites impostos pela Constituição – o que poderá ser verificado com base no princípio da proporcionalidade como proibição de excesso (Übermassverbot) e como proibição de proteção deficiente (Untermassverbot) -, deverá o Tribunal exercer um rígido controle sobre a atividade legislativa, declarando a inconstitucionalidade de leis penais transgressoras de princípios constitucionais” (Habeas Corpus n. 104.410, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.3.2012). 17. Tem-se, pois, que a razão de ser do indulto, na forma constitucionalmente estabelecida, e a razão do indulto decretado pelo documento nos quais se contém os dispositivos questionados (decreto n. 9.246/2017) não guardam coerência nem são proporcionalmente adotadas as providências (critérios e fins) para o atendimento da norma constitucional garantidora da competência presidencial. Daí a necessidade de se analisar o objeto deste processo e o pleito nela veiculados com maior detença, no julgamento de mérito da presente ação, para se concluir sobre a sua legitimidade, ou não, para tanto se preservando cautelarmente a situação anterior à vigência da norma. 18. Ao analisar os decretos de indulto editados entre 1999 e 2017, a Procuradoria-Geral da República indicou que as normas impugnadas – havidas no presente decreto de indulto e ausentes de outros documentos que cuidaram do mesmo tema talvez pela impossibilidade constitucional antes constatada - não estabeleceram limites em relação ao máximo da 13 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14250924. ADI 5874 MC / DF pena fixada na sentença para fins de concessão de indulto. 19. O mesmo desvirtuamento de finalidade do decreto parece comparecer ao se analisar o art. 10, no qual se estabelece que: “Art. 10. O indulto ou a comutação de pena alcançam a pena de multa aplicada cumulativamente, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na Dívida Ativa da União, observados os valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda. Parágrafo único. O indulto será concedido independentemente do pagamento: I - do valor multa, aplicada de forma isolada ou cumulativamente; ou II - do valor de condenação pecuniária de qualquer natureza.” Como repetido acima, o indulto tem a finalidade de realizar benignidade com que se contempla aquele que, condenado e tendo cumprido parte da pena a ele definida judicialmente, está em condições de dificuldades humanas (doença, necessidade de reaver sua socialidade pelo implemento do erro purgado pela execução da pena, dentre outros casos). 20. Quanto à multa, pena pecuniária ou valor aplicado por outra causa, não provoca situação de desumanidade ou digno de benignidade, por ser atuação judicial que beneficia a sociedade sem agravar, em demasia ou excessivo agravo, aquele que a tenha merecido por decisão judicial que a tanto tenha chegado em razão dos ilícitos julgados. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, para que o condenado possa obter benefício carcerário, incluído a progressão de regime por exemplo, faz-se imprescindível o adimplemento da pena de multa, salvo motivo justificado, o que bem demonstra a inadequação de se prever indulto para tais situações: 14 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14250924. ADI 5874 MC / DF "Ementa: Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido" (EP 16 ProgReg-AgR/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJ 19.5.2015). Indulto de pena pecuniária significa, num primeiro exame, relativização da jurisdição e agravo à sociedade, afastando-se da natureza do indulto, de sua condição de bem feito para melhorar a convivência social segundo o direito. 21. As circunstâncias que conduziram à edição do decreto, que, numa primeira análise, própria das liminares, demonstra aparente desvio de finalidade, impõe-se a concessão de cautelar para a suspensão dessa norma. Essa medida não importa em qualquer dano de difícil reparação pois os seus possíveis beneficiários cumprem pena imposta mediante processo penal regular, não havendo se falar em agravamento de sua situação criminal ou em redução de direitos constitucionalmente assegurados. 22. Especialmente quanto ao inc. III do art. 8º do Decreto n. 9.246/2017, que trata da possibilidade de indulto ou comutação de pena em favor de pessoa que “tenha sido beneficiada com a suspensão condicional do processo”, verifico que a inexistência de juízo de mérito e/ou formação de culpa pelo Poder Judiciário é incompatível com a antecipada extinção da punibilidade. De se destacar que eventual descumprimento das condicionantes pelo beneficiário do sursis processual, com a consequente retomada do processo, poderá culminar em demonstração de circunstâncias que impediriam sequer se cogitasse de sua previsão. 15 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14250924. ADI 5874 MC / DF Alberto Silva Franco e Rui Stoco asseveram que “o indulto tem o efeito de extinguir ou reduzir as penas a uma certa coletividade condenada, uma vez atendidas as condições estabelecidas no decreto concessivo” (FRANCO, Alberto Silva, STOCO, Rui. Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. P. 514), para dizer que esse benefício pressupõe a aplicação de uma pena. Nesse sentido, Basileu Garcia observa ser “favorável [à concessão do indulto] inclusive nos casos em que a prisão já atingiu os seus fins e a pena já se tornou desnecessária” (GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal. Vol. I, Tomo II. São Paulo: Max Limonad, 1956). 23. Ao analisar os decretos de indulto editados entre 1999 e 2017, a Procuradoria-Geral da República indicou que as normas impugnadas não estabeleceram limites em relação ao quantum condenatório máximo fixado na sentença para fins de concessão do indulto, tendo ainda, incluído dentre as hipóteses de sua aplicação as penas alternativas, entre outros benefícios, que em si, já caracterizariam como favorecimento de política criminal. 24. Pelo art. 8º pode se beneficiar do indulto e da comutação de penas pessoa que: I - teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos; II - esteja cumprindo a pena em regime aberto; III - tenha sido beneficiada com a suspensão condicional do processo; ou IV - esteja em livramento condicional. 25. Análise de mérito do objeto da presente ação poderá esclarecer, de maneira definitiva e profunda, os fins e consequências da edição do presente decreto. 16 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14250924. ADI 5874 MC / DF 26. O que agora se demonstra é a plausibilidade do argumento de desvio de finalidade na edição do decreto, impondo-se o deferimento de cautelar para a suspensão dos efeitos dos dispositivos impugnados, a saber, o inc. I do art. 1o., o inc. I do § 1o. do art. 2o., arts. 8o., 10 e 11 do Decreto n. 9.246/2017. Essa medida não importa em qualquer provimento irreversível, porque os possíveis beneficiários do indulto ou da comutação de pena cumprem pena imposta por processo penal regular, não se havendo cogitar de agravamento de alguma situação criminal ou de redução de direitos constitucionalmente assegurados. Especialmente quanto ao inc. III do art. 8º do Decreto n. 9.246/2017, que trata da possibilidade de indulto ou comutação de pena em favor de pessoa que “tenha sido beneficiada com a suspensão condicional do processo”, tem-se que a inexistência de juízo de mérito e/ou formação de culpa pelo Poder Judiciário é incompatível com a antecipada extinção da punibilidade. Ademais, deve ser mencionado que eventual descumprimento das condicionantes pelo beneficiário do sursis processual e a consequente retomada do processo poderão culminar em demonstração de circunstâncias impeditivas para a concessão do indulto. Conclusão 27. Os argumentos expendidos na petição inicial, aos quais se acopla o aparente desvio de finalidade e o fundamento relevante de relativização da jurisdição penal que poderia advir das inovações impugnadas nesta ação direta de inconstitucionalidade, impõem a suspensão dos efeitos do inc. I do art. 1º; do inc. I do § 1º do art. 2º, e dos arts. 8º, 10 e 11 do Decreto n. 9.246/2017, controvertidos na espécie, como medida de preservação da jurisdição buscada na presente ação de 17 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14250924. ADI 5874 MC / DF controle abstrato de constitucionalidade, e considerada, ainda, a manifesta dificuldade na reversão dos efeitos decorrentes das medidas questionadas, se for o caso. Diversamente, novo exame desta medida cautelar pelo órgão competente deste Supremo Tribunal, segundo a discrição daquela autoridade, não traria dificuldade à continuidade da produção dos efeitos da norma impugnada, se vier a ser esta a conclusão judicial, sendo certo que a suspensão dos efeitos do indulto nas situações previstas nos dispositivos questionados não importará em dano irreparável aos indivíduos por ele beneficiados, pois em cumprimento de pena advinda de regular processo judicial condenatório. 28. Pelo exposto, pela qualificada urgência e neste juízo provisório, próprio das medidas cautelares, defiro a medida cautelar (art. 10 da Lei n. 9.868/1999), para suspender os efeitos do inc. I do art. 1º; do inc. I do § 1º do art. 2º, e dos arts. 8º, 10 e 11 do Decreto n. 9.246, de 21.12.2017, até o competente exame a ser levado a efeito pelo Relator, Ministro Roberto Barroso ou pelo Plenário deste Supremo Tribunal, na forma da legislação vigente. 29. Notifique-se o Presidente da República para, querendo, prestar informações na forma do art. 10 da Lei n. 9.868/1999. 30. Na sequência, manifeste-se a Procuradoria Geral da República. Publique-se. Brasília, 28 de dezembro de 2017. Ministra CÁRMEN LÚCIA Presidente