RENATO SANTOS 20/10/2016 La Asamblea Nacional de Venezuela dijo el miércoles que una investigación dirigida por su Comisión de Contraloría halló una malversación de unos 11.000 millones de dólares en la petrolera estatal PDVSA, a través de manejos irregulares llevados a cabo entre 2004 y 2014, reportó Reuters.
La comisión, controlada por la oposición, denunció a través de un informe que la corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha sido de amplia escala.
La pesquisa se enfocó en 11 casos, que van desde un escándalo bancario en Andorra, al presunto sobreprecio en la compra de equipos petroleros y el manejo indebido del fondo de pensiones de los trabajadores de la firma.
"Estamos hablando de 11.000 millones de dólares que no se pueden justificar. Once mil millones de dólares que no hay forma de saber dónde están, por qué y en qué se utilizaron", dijo el diputado y presidente de la comisión, Freddy Guevara, calificando la cifra como "el mayor escándalo de corrupción en la historia de Venezuela".
Las acusaciones se basan parcialmente en documentos de PDVSA y de su firma auditora, KPMG, e investigaciones penales fuera del país, además de entrevistas.
La comisión enfocó su investigación en el período en el que Rafael Ramírez, actual representante de Venezuela ante Naciones Unidas, ejerció la presidencia de la petrolera estatal.
PDVSA ha estado envuelta en varios escándalos de corrupción en los últimos años.
En junio, un empresario venezolano se declaró culpable en Estados Unidos de cargos por participación en una trama corrupta de unos 1.000 millones de dólares, para obtener contratos con la petrolera.
Y el año pasado, la autoridad financiera de Andorra intervino la Banca Privada de Andorra (BPA) a raíz de una denuncia de Estados Unidos por presuntas malas prácticas, que involucran el lavado de unos 4.200 millones de dólares de fondos de Venezuela.
A la luz de sus hallazgos, la comisión recomendará a la plenaria del Parlamento declarar la "responsabilidad política" de Ramírez en las irregularidades y aplicar voto de censura, que conduzca a la destitución, del actual presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino.
El informe también recomienda declarar la responsabilidad política de Asdrúbal Chávez, primo del fallecido presidente Hugo Chávez y quien ocupó diversos cargos en PDVSA en la última década, y Javier Alvarado, expresidente de Bariven, brazo de procura de la petrolera estatal.
Guevara, el parlamentario opositor que encabeza la investigación, dijo a Reuters que Ramírez no se ha contactado con ellos y calificó como "un absurdo" una demanda introducida en Caracas para eliminar la investigación.
Además, agregó que buscan demandar civil, penal y administrativamente a todos los involucrados.
Los diputados del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no acudieron a la sesión de la comisión.
El informe está previsto que sea ratificado por la plenaria del Congreso, de mayoría opositora.
No obstante, el presidente Nicolás Maduro, apoyado en decisiones del máximo tribunal del país, insiste en que la Asamblea unicameral está en desacato y actuando al margen de la ley, por lo que sus decisiones no son válidas.
'Pleno conocimiento'
La investigación dice que adicionalmente detectaron "irregularidades administrativas" en el manejo de los recursos destinados al mantenimiento de la principal refinería del país, Amuay, y "perjuicios pecuniarios" por la adquisición de títulos y otros instrumentos con fondos de la estatal en el Banco Espírito Santo de Portugal, colapsado en el 2014.
Según el informe de más de 100 páginas, la firma auditora KPMG ha advertido sobre la existencia de "fraudes" a la directiva de la compañía, que tiene "pleno conocimiento" de las irregularidades.
Incluso, dice que entrevistaron a uno de los auditores que reveló en su comparecencia que las "debilidades" detectadas en los reportes financieros de la estatal son plasmadas en un reporte manejado internamente por PDVSA.
No obstante, KPMG no reveló detalles apelando a una política de confidencialidad, explicó Guevara.
Reuters intentó obtener comentarios de Ramírez y PDVSA, pero no fue posible de inmediato. En el pasado la compañía ha dicho que es víctima de una "campaña de desprestigio" internacional.
La estatal venezolana está persuadiendo a sus tenedores de deuda para que participen en un canje de unos 5.300 millones de dólares en bonos, para postergar hasta el 2020 pagos programados para el próximo año. E incluso dejó ver que, de no lograr el intercambio, estaría dispuesta a entran en un incumplimiento de pagos.
"Si PDVSA no puede cumplir con la deuda es porque el dinero se lo robaron", dijo Guevara.
"No le tenemos miedo a Rafael Ramírez ni a ningún otro alto funcionario. Vamos a continuar firmes en nuestro propósito de determinar responsabilidades, ubicar los fondos desviados y recuperar ese dinero que tanta falta le hace al país", agregó.
Parlamentarios opositores y dos ex ministros chavistas aseguran que en la última década fueron malversados unos 300.000 millones de dólares en Venezuela, a través de importaciones ficticias y sobreprecios.
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