Fallece el joven que pidió en Bogotá al papa por la libertad de Venezuela

RENATO SANTOS 26-11-2017  Yalik Peña, el joven que pidió al papa Francisco por la libertad de Venezuela durante su visita a Colombia y que padecía una enfermedad huérfana conocida como "piel de mariposa", falleció este sábado en el estado venezolano de Mérida, confirmó este domingo el político opositor Carlos García. 

 

"Que las palabras que le transmitiste al @Pontifex_es en Colombia y que dieron la vuelta al mundo sirvan para recordarle a nuestro Papa que en Venezuela siguen muriendo todos los días hermanos por falta de alimentos y medicinas. Esperamos su papel sea más activo!", dijo García, destituido en agosto como alcalde de Mérida.

García hizo esta declaración en un mensaje publicado en Twitter, acompañado de un vídeo en el que el joven expresó lo que le pidió al papa durante su visita a Colombia.

"Eso fue un momento muy emocionante, nunca había vivido esto y muy emocionante de verdad", dijo Peña que describió al papa como una persona "suave", cariñosa y "chévere" (agradable).

En el vídeo se observa cómo pide que su país "cambie, que haya alimentos, medicinas" y que "sea libre".

La madre del joven, Soraya Quintana, dijo al portal Caraota Digital que su hijo tenía 19 años, aunque parecía de 10 por su enfermedad y que "murió en el Hospital Universitario de Los Andes aproximadamente las 6:00 de la tarde (22.00 GMT) de este 25 de noviembre", pues "le dio un paro intestinal".

"Él estaba muy bien no se de verdad que le pasó", agregó.

La semana pasada medios venezolanos reseñaron el fallecimiento de Adrián Guacarán, un venezolano que le cantó al papa Juan Pablo II durante su visita a Venezuela en 1985.

Guacarán sufría de una insuficiencia renal y se encontraba buscando medicamentos para tratar su padecimiento, y según reseñan medios locales, en el hospital donde fue llevado al haberse complicado su condición, no habían las medicinas necesarias para atenderle.

La escasez de medicinas y alimentos en Venezuela es una situación que distintos voceros opositores, organizaciones de salud y del sector productivo del país han venido denunciando desde hace tres años.

La situación se ha generado como parte de la grave crisis económica que atraviesa el país caribeño y que el Gobierno achaca a una supuesta "guerra" en esta materia por parte de empresarios y opositores.

El control de precios impuesto por el régimen de Maduro vacía los anaqueles en Venezuela

La Superintendencia para la Defensa de la Economía (Sundde) publicó los nuevos precios para productos de higiene y cuidado personal que regirán en todo el país, pero estos productos no se consiguen en los automercados

RENATO SANTOS 26-11-2017  Numerosos mercados de Venezuela se quedaron sin productos esta semana tras las inspecciones de funcionarios del régimen que obligaron a los comerciantes a rebajar hasta un 30 % sus artículos, provocándoles fuertes pérdidas y la venta total de sus existencias en pocas horas.  

"Nos hicieron bajar un 15 % los precios de todo lo que vendemos. Todo se terminó en muy poco tiempo y hoy no nos queda casi nada", explicó a Efe la propietaria de una charcutería del mercado de Guaicaipuro, en el centro de Caracas.

"Tuvimos que vender a pérdida. Hemos perdido mucho real (dinero)", agregó la comerciante.

La vendedora, que prefiere no dar su nombre y asegura reiteradamente tener "mucho miedo", porque no recuerda controles tan duros como los de este año, y cuenta que muchos proveedores han dejado de llevar sus artículos al no ser rentable vender a los precios que establece el régimen.

Esta nueva oleada de inspecciones comenzó el 12 de noviembre y es parte de la cruzada del régimen chavista contra los "especuladores", a quienes hace responsables de la situación de escasez e hiperinflación que atraviesa la nación caribeña.

Como en el resto de los casi 12.000 establecimientos que están siendo fiscalizados, la operación en el mercado Guaicaipuro fue llevada a cabo durante varios días por inspectores de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socio-económicos (SUNDDE), acompañados de funcionarios de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada).

Un día después de que funcionarios del SUNDDE y uniformados tomaran el mercado, buena parte de las persianas de las tiendas permanecían abajo, y los mostradores de los puestos de productos cárnicos se habían quedado vacíos a la espera de nuevos productos.

Además de confiscar productos tras acusar a los vendedores de "acaparamiento", inspectores y agentes de la GNB se llevaron algunos detenidos -dos según el SUNDDE, aunque testigos hablan de un número más alto- y castigaron con multas a quienes señalaron por "especulación" o incumplimiento de regulaciones.

También en Guaicaipuro, los guardias se llevaron básculas de algunos puestos, al asegurar que estaban adulteradas para manipular el peso en favor de los vendedores, según denunció a Efe una trabajadora del mercado que recrimina a los militares su actitud intimidatoria y arbitraria.

Una pequeña dotación de militares y policías seguía en el mercado 24 horas después de la inspección, vigilando que los pocos establecimientos que habían recibido productos a precio regulado (pollo y harina) vendieran a la cantidad establecida.

Decenas de personas formaban largas colas ante los mostradores temerosos de que la preciada mercancía se agotara.

Desde que el presidente Nicolás Maduro anunciara el "Plan Navidades Felices contra la Especulación", la SUNDDE ha informado puntualmente de operaciones en todo el país para limitar los márgenes de ganancia y garantizar "la revolución económica" y "el derecho a la felicidad social", en palabras del jefe del Estado.

"Inmediatamente lo que se produce es una desaparición del producto, dado que cuando las personas son obligadas a bajar a unos precios por debajo de sus costos, obviamente la actividad deja de ser rentable", dijo a Efe Luis Hernández, de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga).

Algunos supermercados, mercados e incluso restaurantes han dejado de recibir carne de res y otros alimentos desde que comenzaron las fiscalizaciones ordenadas por Maduro para bajar los precios en medio de la espiral inflacionaria en que se encuentra Venezuela, que técnicamente entró el mes pasado en hiperinflación.

Uno de los objetivos de estos controles es asegurar que todos los eslabones de la cadena industrial alimentaria cumplan con los llamados "precios acordados", fijados para 50 productos básicos según una ley de reciente aprobación por el Estado tras consultar con los distintos agentes económicos implicados.

"Para evitar otro golpe al consumidor final, nosotros terminamos aceptando unos precios para nuestros productos que no eran los precios que nosotros proponíamos", explica Hernández.

"Pero esos precios fueron acordados hace seis semanas, y en el momento hiperinflacionario que vive Venezuela han quedado desfasados".

Ante la subida acelerada que al calor de la caída estrepitosa del bolívar experimentan cada día los precios en Venezuela, los ganaderos pidieron revisar cada semana las cantidades fijadas, pero el Régimen rechazó esta demanda y esta reevaluación no se realizará hasta que se cumpla un mes de la fijación de la cifra inicial.

FUENTE: EFE

STF De que Lado Você está Da Constituição ou És Um Traidor Bolivariano <<>>A Prerrogativa de Foro Prevista Em Norma a Encerrar Direito Estrito <<>> Bandidos Se Escondem Por Trás do Manto Sagrado Da Justiça

RENATO SANTOS 26-11-2017  A  Suprema  Corte  Brasileira  mais  conhecida  como  STF, tem que mostrar se  é  mesma a Guardiã  da  Constituição  ou  uma  Traidora  da  Nação  Brasileira, chegou  o momento  de vermos  a qual  lado  está, caso aprove  o fim das  prerrogativas  do foro privilegiativos , isso  inclui  a OAB, deputados  estaduais,federais, prefeitos, vereadores, pastores, juízes, banqueiros, promotores de Justiça, procuradores, inclusive  os  Ministros  dos Três  Poderes, afirmando  que todos  são  iguais  perante a  Constituição Federal, mas,  caso ao contrário mostrará  que é  um Supremo  Bolivariano concordando  com a Corrupção.

No que  acreditamos  :

Eis o que acreditamos ser a temática jurídica com repercussões políticas mais vociferante do momento com a sociedade em avultado grau de perplexidade, que fecunda faz tempo por um profundo debate que promova novas vestes ao desvirtuado instituto do foro por prerrogativa de função.

“A prerrogativa de foro, prevista em norma a encerrar direito estrito, visa a beneficiar não a pessoa, mas o cargo ocupado. ”(HC 88.536, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 25-9-2007, Primeira Turma, DJE de 15-2-2008)”.

O foro privilegiado, este mesmo que não configura uma prerrogativa, mas um privilégio dos mais odiosos deve para o bem dos princípios Republicano e Democrático, da moralidade, da isonomia, da impessoalidade e da eficiência ser aniquilado como parcela de um presente que se pretende em um futuro próximo transformar em um passado de vergonhas para se esquecer.

Impensável em um Estado Democrático de Direito a ascensão a determinado cargo servir como mola propulsora de privilégios para crimes perpetrados no passado. Tempus regit actum, e eleições democráticas não podem representar privilégios, blindagens pelos malfeitos cometidos do passado. Privilégios travestidos de prerrogativas também não podem trazer aos agentes desviados pela prática de atos estranhos a função que a ordem posta tem por fulcro proteger.

O  andamento  do  STF  :

Pedido de vista do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, na sessão desta quinta-feira (1º), suspendeu o julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal (AP) 937, na qual os ministros discutem eventual alteração no alcance do foro por prerrogativa de função. Para o ministro, não é possível se analisar a questão apenas sob o ponto de vista do foro em determinada instância, uma vez que eventual alteração, como a proposta pelo relator do caso, ministro Luís Roberto Barroso, traria repercussões institucionais no âmbito dos Três Poderes e do Ministério Público.

O julgamento do caso teve início na sessão de ontem (31), quando o ministro Barroso propôs tese no sentido de que o foro por prerrogativa de função deve valer apenas nos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, e que, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo."

Na retomada do julgamento na sessão desta quinta, o ministro Alexandre de Moraes comentou que não existe estatística ou estudo que comprove o grau de efetividade no processamento de ações penais antes e depois do aumento das hipóteses de foro privilegiado, prevista na Constituição de 1988. Não é possível, segundo ele, estabelecer uma conexão, seja ela histórica, sociológica ou jurídica, entre a criação do chamado foro privilegiado e a impunidade. “A afirmação de que o foro no STF acaba gerando impunidade não só não tem respaldo estatístico, como acaba por ofender e desonrar a própria história do Supremo”.

Afirmou, ainda, que “não há uma instância mais eficaz que a outra, o que há é um Poder Judiciário querendo colaborar no combate à corrupção no país.”

Ao justificar o pedido de vista, o ministro disse entender que é preciso analisar com maior profundidade as diversas dúvidas que podem surgir com eventual alteração no sistema de foro.

Votos antecipados

O ministro Marco Aurélio e as ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, presidente, anteciparam seus votos, acompanhando o relator.

O ministro Marco Aurélio defendeu a aplicação do foro por prerrogativa de função apenas aos crimes cometidos no exercício do cargo, relacionados às funções desempenhadas. O ministro assentou que, caso a autoridade deixe o cargo, a prerrogativa cessa e o processo-crime permanece, em definitivo, na primeira instância da Justiça.

Para ele, a fixação da competência está necessariamente ligada ao cargo ocupado na data da prática do crime e avaliou que tal competência, em termos de prerrogativa, é única, portanto não é flexível. "A competência que analisamos é funcional e está no âmbito das competências, ou incompetências, absolutas. Não se pode cogitar de prorrogação", ressaltou. "Se digo que a competência é funcional, a fixação, sob o ângulo definitivo, ocorre considerado o cargo ocupado quando da prática delituosa, quando do crime, e aí, evidentemente, há de haver o nexo de causalidade, consideradas as atribuições do cargo e o desvio verificado", acrescentou.

A ministra Rosa Weber, que acompanhou integralmente o voto do relator, afirmou que a evolução constitucional ampliou progressivamente o instituto do foro por prerrogativa de função. Diante disso, para a ministra, é pertinente uma interpretação restritiva que o vincule aos crimes cometidos no exercício do cargo e em razão dele. “O instituto do foro especial, pelo qual não tenho a menor simpatia, mas que se encontra albergado na nossa Constituição, só encontra razão de ser na proteção à dignidade do cargo, e não à pessoa que o titulariza”, disse.

Ao seguir integralmente o relator, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, destacou que foro não é escolha, e prerrogativa não é privilégio. “O Brasil é uma República na esteira da qual a igualdade não é opção, é uma imposição”, afirmou. “Essa desigualação que é feita para a fixação de competência dos tribunais, e, portanto, de definição de foro, se dá em razão de circunstâncias muito específicas”. Segundo a ministra, a Constituição faz referência a membros, agentes ou cargos. “Portanto, no exercício daqueles cargos é que se cometem as práticas que eventualmente podem ser objeto de processamento e julgamento pelo Supremo e pelos órgãos judiciais competentes”, concluiu.

Pedido de vista do ministro Dias Toffoli, apresentado na sessão desta quinta-feira (23), suspendeu o julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal (AP) 937, na qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) discute a possibilidade de restringir o alcance do foro por prerrogativa de função conferido aos parlamentares federais. Até o momento, oito ministros proferiram voto na matéria, seis acompanhando o entendimento do relator, ministro Luís Roberto Barroso, no sentido de que o foro se aplica apenas a crimes cometidos no exercício do cargo e em razão das funções a ele relacionadas. O ministro Alexandre de Moraes divergiu parcialmente, pois, segundo seu voto, o foro deve valer para crimes praticados no exercício do cargo, mas alcançando todas as infrações penais comuns, independentemente de se relacionaram ou não com as funções do mandato.

A AP 937 trata do caso do ex-deputado federal Marcos da Rocha Mendes, acusado de corrupção eleitoral (compra de votos) quando era candidato à prefeitura de Cabo Frio (RJ). O entendimento do relator foi de que o caso deveria voltar à primeira instância, que já havia finalizado a instrução processual, uma vez que o réu não é mais detentor de foro por prerrogativa de função no STF.

O julgamento da AP teve início em 31 de maio último, quando o relator propôs alterar o entendimento relativo ao foro por prerrogativa de função. A tese do ministro diz que “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".

Na sequência do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos. Na ocasião, adiantaram seus votos, acompanhando o relator, as ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia. O ministro Marco Aurélio apenas divergiu quanto à parte final da tese. Para ele, caso a autoridade deixe o cargo, a prerrogativa cessa e o processo-crime permanece, em definitivo, na primeira instância da Justiça.

Voto-vista

Na sessão de hoje, em seu voto-vista, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator na parte que fixa o foro no STF apenas para os crimes praticados no exercício do cargo, após a diplomação, valendo até o final do mandato ou da instrução processual. Para ele, estender a prerrogativa para alguém que praticou crime antes de ser parlamentar afasta a relação com a finalidade protetiva do mandato, objetivo da prerrogativa, que é voltada para proteção institucional. “É uma prerrogativa do Congresso, e não de quem sequer sabia que um dia seria congressista”, resumiu o ministro.

Contudo, divergiu na parte em que o relator fixa o foro apenas para os delitos que tenham relação com as funções de parlamentar. Para Moraes, o texto constitucional não deixa margem para que se possa dizer que o julgamento das infrações penais comuns praticadas por parlamentares não seja de competência do STF. Nesse sentido, o ministro salientou que a expressão “nas infrações penais comuns”, contida no artigo 102 (inciso I, alínea ‘b’), alcança todo tipo de infrações penais, ligadas ou não ao exercício do mandato.

Ministro Fachin

Ao acompanhar integralmente o relator, o ministro Edson Fachin salientou, entre outros pontos, que o princípio do duplo grau de jurisdição é atingido pela cláusula de prerrogativa de foro. Lembrou algumas das justificativas dadas para sustentar o instituto – como a de que os tribunais superiores seriam mais isentos e menos influenciáveis, e como forma de inibir demandas abusivas contra parlamentares – para concluir que essas justificativas não são compatíveis com a Constituição, uma vez que o julgamento imparcial e independente é direito de todos os cidadãos.

Ministro Luiz Fux

O ministro Luiz Fux também acompanhou integralmente o relator. A leitura do texto constitucional, para o ministro, indica que a competência do Supremo é preservada quando o ato ilícito é praticado no exercício do cargo e em razão do cargo. O ministro disse que tem também preocupação com as declinações de foro, concluindo que é preciso que os casos tenham seu juízo próprio, e que ao Supremo sejam reservados apenas os ilícitos cometidos no cargo e em razão dele.

Ministro Celso de Mello

O decano do STF, ministro Celso de Mello, destacou em seu voto que existem cerca de 800 autoridades com prerrogativa de foro apenas no Supremo, entre autoridades do Executivo, militares, ministros de tribunais superiores e outros. Revelando ser um defensor da supressão de todas as prerrogativas em matéria criminal, por entender que todos os cidadãos devem estar sujeitos à jurisdição comum de magistrados de primeira instância, o ministro lembrou que, no início do julgamento da AP 470, em agosto de 2012, já havia manifestado seu entendimento no sentido de que a prerrogativa merecia uma nova discussão.

Para o decano, deve-se reconhecer, mediante legítima interpretação do texto constitucional, que a prerrogativa só deve se aplicar a delitos praticados na vigência da titularidade funcional e que guarde íntima conexão com o desempenho das atividades inerentes ao referido cargo ou mandato. Com esses fundamentos, o ministro acompanhou integralmente o voto do relator.