RENATO SANTOS 08/02/2019 El blog gazeta central ya venía denunciando lo que estaba sucediendo en la VENEZUELA de este 2014.
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Una afirmación que parece tan elemental constituye el principal fundamento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también se convierte en el principio más profundamente vulnerado cuando se secuestra y/o desaparece a una persona.
Venezuela es el país con los índices de secuestro más altos de América Latina, aunque las cifras absolutas en México son más altas, al comparar el número de habitantes de ambos países Venezuela despunta en el ranking. De acuerdo con datos del Observatorio de Delito Organizado, sólo en septiembre de 2017 ocurrieron 27 casos de secuestro en Venezuela, de un total de 206 registros de todo el año; el estado con mayor incidencia en este delito el séptimo mes del año fue Zulia, con 21,8%.
En el primer trimestre de 2018 fueron reportados 49 secuestros en todo el país, de acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio de Delito Organizado. Expertos criminólogos calculan que 10% de los casos desenlazan con la muerte de las víctimas.
En 2018 suman 14 años consecutivos sin conocerse estadística oficial sobre criminalidad y violencia en Venezuela, por lo que instituciones y observatorios especializados hacen esfuerzos por llenar el vacío de información del sector oficial; sin embargo, advierten la existencia de una alta cifra negra debido a que familiares de las víctimas no siempre denuncian ante los organismos de seguridad, bien sea por temor a represalias de las bandas de secuestradores o por desconfianza en las autoridades, pues muchas veces funcionarios policiales o militares integran grupos dedicados al secuestro y extorsión en el país.
Ante esta falta de denuncias, y lo más cercano a una data oficial, el Instituto Nacional de Estadística realizó en 2009 la Encuesta de Victimización, que arrojó 16.917 secuestros; lo que representa una tasa de 95 plagios por cada 100.000 habitantes, mientras que el primer sondeo de este tipo efectuado en 2006 reflejó una proporción de 38 secuestros por 100.000 habitantes. Tras los resultados de 2009 no se volvió a realizar la encuesta.
Aun con su alta incidencia, este delito disminuyó en la frontera de Venezuela con Colombia durante los años 2015 y 2016, pero ha regresado con fuerza a esta zona de la mano de grupos guerrilleros, organizaciones paramilitares y bandas criminales. Según testimonios obtenidos por la Fundación Redes, este incremento se debe en parte a que desde el primer semestre de 2017 recrudecieron los enfrentamientos entre el ELN y la agrupación Los Pelusos, un pequeño reducto de la desmovilizada guerrilla maoísta Ejército Popular de Liberación y que para el primer cuatrimestre de 2018 mantenía una encarnizada pugna por el territorio y el control de las actividades ilegales de contrabando, extorsión y tráfico de estupefacientes.
Fundaredes, organización no gubernamental dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos con énfasis en la frontera colombo-venezolana, ha realizado seguimiento a las denuncias de desapariciones de personas y secuestros registrados en los estados Táchira, Apure y Zulia, y a partir de ese trabajo se ha constatado que los municipios fronterizos con mayor índice de víctimas en la actualidad son: Pedro María Ureña, Bolívar y Rafael Urdaneta, en Táchira; Páez, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo, en Apure; Jesús María Semprún, Jesús Enrique Lossada, Sucre y Catatumbo, en Zulia.
Datos de la Asociación Civil Venezuela Libre de Secuestros, indican que 105 ciudadanos venezolanos que fueron secuestrados entre enero de 2002 y mayo de 2018 por los grupos irregulares colombianos FARC, EPL y ELN permanecen en cautiverio o se ha perdido por completo la pista de ellos.
De fecha reciente destaca el caso de tres jóvenes que fueron plagiados en dos hechos aislados ocurridos el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de San Antonio del Táchira; uno de ellos fue abordado por hombres en moto que le pidieron sus documentos, lo esposaron y se lo llevaron; más tarde en la misma localidad seis hombres que se trasladaban en una camioneta secuestraron a dos jóvenes de los que no se tienen ninguna noticia.
“Para nadie es un secreto que en la frontera han reaparecido delitos como la extorsión y el secuestro, sumándole las desapariciones; este año 2018 por ejemplo se han registrado dos plagios en Ureña, el de un comerciante que aún no ha aparecido y este que por fortuna tuvo un feliz término”, declaró la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, en referencia a la liberación del
jugador del Ureña Fútbol Club Maikol Vivas, quien había sido secuestrado por hombres armados en la población Aguas Calientes, el 3 de abril de 2018.
A inicios de abril de 2018 fueron plagiadas cuatro personas por miembros de un presunto comando del ELN en la frontera entre los municipios Páez del estado Apure, en Venezuela, y Teorama del Norte de Santander, en Colombia. Tras una intensa operación, se logró la liberación de Arturo Baene, Yulbreider Pallares, Ronald Montejo y Leonardo Pallares, quienes fueron entregados a una misión humanitaria integrada por cerca de una decena de habitantes del pueblo de Teorama que se adentraron en una región selvática para recibirlos,
Familiares de las víctimas no siempre denuncian por temor a represalias de los secuestradores o por desconfianza en las autoridades, pues muchas veces funcionarios policiales o militares son los victimarios. informaron agencias internacionales de noticias. Tras el procedimiento, las autoridades ratificaron que estos secuestros son resultado del enfrentamiento por el control de territorio entre el ELN y EPL. También declararon que líderes de la guerrilla del ELN están resguardados en Venezuela.
Familiares de las víctimas de secuestro con quienes se han entrevistado activistas de Fundaredes manifiestan su temor a hablar públicamente de los casos e incluso a acudir ante las autoridades a denunciar, pues presumen que se trata de una actuación directa de grupos armados irregulares que operan en la zona y que cualquier denuncia pueda significar una sentencia de muerte, no sólo
para su familiar secuestrado o desaparecido, sino para cualquier otro miembro de la familia.
Un elemento que agrava la situación de vulnerabilidad para los habitantes de estas localidades y que desde hace varios años se ha denunciado públicamente es la “tercerización del crimen” a manos de bandas criminales del hampa común que capturan víctimas para luego “venderlas” a células de la guerrilla que las mantienen cautivas hasta lograr el pago de rescate o canje por algún compañero detenido.
Asimismo, se han documentado casos en los que se señala como autores del secuestro a funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado venezolano, algunos de los cuales han sido procesados por el sistema de justicia. De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Violencia, en 2017 fueron reportadas 2.887 denuncias contra policías y militares incursos en este delito. En lo que va de 2018, el Observatorio de Delito Organizado tiene reportes de 15 uniformados involucrados en plagios.
Clic para ver el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=vmcDJ3y0E5A
DESAPARICIONES EN AUMENTO
Miembros de la Fundación Redes también han recibido denuncias de que cada semana desaparecen entre 3 y 4 habitantes de los municipios fronterizos Pedro María Ureña, Bolívar y Rafael Urdaneta, en Táchira; Jesús María Semprún, Jesús Enrique Lossada y Catatumbo, en Zulia; y Guasdualito, San Fernando, Cutufí y El Nula, en Apure, lo cual mantiene en vilo a los habitantes de estas zonas, pues muchas veces los desaparecidos son hallados posteriormente en fosas comunes del lado colombiano de la frontera o abaleados en las trochas fronterizas, de acuerdo con declaraciones de autoridades colombianas y reseñas de diarios de circulación regional en 2017 y 2018.
La Asociación Civil Venezuela Libre de Secuestros registra 683 venezolanos que han desaparecido en seis estados fronterizos (Táchira, Apure, Zulia, Barinas, Bolívar y Amazonas) entre enero y mayo de 2018. La autoría de estos hechos se le atribuye a grupos irregulares colombianos FARC, EPL y ELN según testimonios de allegados. De Táchira proviene la mayor cantidad de víctimas (264) de los municipios Pedro María Ureña, Urdaneta, Bolívar, Torbes, Panamericano y García de Hevia.
Uno de los casos recientes que cobró notoriedad pública y mediática fue el ocurrido el 16 de febrero de 2018 cuando un ex paramilitar del “Clan del Golfo” condujo a la policía colombiana hasta dos trochas en la frontera con Venezuela donde fueron encontrados los cadáveres de cinco personas, dos adolescentes y tres adultos, entre quienes se encontraban dos policías y un militar, desaparecidos en San Antonio del Táchira desde 2016. Las víctimas eran el funcionario de la policía del estado Táchira Kevin Rodrigo Botello y el oficial de la Policía Nacional Bolivariana Wilmer Yair Cáceres, desaparecidos desde enero de 2016 cuando salieron en una motocicleta con la intención de divertirse. La tercera víctima fue el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana José Buitrago Castellanos, quien en abril de 2016 se trasladó hasta San Antonio del Táchira con familiares que tenían previsto realizar compras en la ciudad colombiana de Cúcuta. El militar, por medidas de seguridad, pasó a territorio colombiano y optó por esperar el regreso de sus parientes cerca de una trocha, en la zona del Puente Internacional Simón Bolívar, de donde desapareció sin dejar rastro.
Un dato que destaca es la reciente desaparición de tres indígenas de la etnia yukpa que se encontraban en las zonas La Parada y El Escobal, en frontera con Cúcuta.
Desde 2005 Fundaredes ha realizado actividades de acompañamiento y jornadas de incidencia pública con familiares de víctimas de secuestro en la frontera colombo-venezolana, y se ha exigido a las autoridades que atiendan los casos e informen sobre el paradero de las personas plagiadas desde el año 2002, de quienes aún no hay respuesta oficial mientras año tras año aumenta el número de víctimas.
Además, hemos participado en manifestaciones públicas, caminatas, vigilias, encuentros eucarísticos para exigir la libertad de los secuestrados y desaparecidos; así como audiencias con ministros y diputados, instancias regionales, nacionales e internacionales que han sido abordadas conjuntamente con familiares de las víctimas para exponerles la situación.
Cada año, desde 2005 hasta 2018, la Fundación Redes ha entregado comunicaciones por escrito en instancias como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Asamblea Nacional y consejos legislativos para que conozcan el riesgo de secuestro al que están sometidos los habitantes de la frontera del lado venezolano y solicitando acciones de presión que conduzcan a la liberación de los plagiados, pero hasta ahora no se han recibido respuestas efectivas más allá de reuniones y el silencio cómplice de las autoridades militares y policiales que tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los venezolanos.
En enero de 2018 Fundaredes solicitó a la Directiva de la Asamblea Nacional que atendiera el drama que se vive en la frontera venezolana por la actuación deliberada de los grupos irregulares colombianos y se le
instó a que investigue los elementos que evidencian la presencia cada vez mayor de estas organizaciones y el control del territorio que intentan imponer. En ese sentido, parlamentarios de la Comisión Permanente de
Defensa y Seguridad otorgaron a Fundaredes un derecho de palabra en la sesión ordinaria del 21 de febrero a la que acudió el director general de la fundación, Javier Tarazona, quien describió la situación y mostró evidencias y elementos probatorios de la actuación de los grupos irregulares colombianos en Venezuela. Como resultado de esa intervención, la comisión decidió trasladarse al estado Táchira para conocer de voz de los familiares de las víctimas la situación de
los secuestros en esta entidad. El encuentro entre las partes ocurrió el 1º de marzo de 2018.
En los meses de febrero y marzo de 2018 la Fundación Redes realizó diligencias ante la Fiscalía colombiana del Norte de Santander, instancia que confirmó el hallazgo de fosas comunes de venezolanos que han sido calificados como desaparecidos en su país de origen durante los últimos meses.
Ante el grave recrudecimiento de la criminalidad en los municipios fronterizos, la Fundación Redes exhorta el Estado venezolano a que atienda sus responsabilidades en materia de seguridad de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Bolivariana de Venezuela: “El Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración”; y garantizar la seguridad de los habitantes de estas localidades según los principios establecidos en el artículo 55 constitucional: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.
Por ello, la Fundación Redes pide a las instancias de investigación criminal y del sistema de justicia venezolanos, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, los grupos especiales de las fuerzas armadas antiextorsión y secuestro, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, así como a todos los organismos responsables de la seguridad de los habitantes de los municipios fronterizos a que realicen esfuerzos por impedir que el secuestro siga poniendo en riesgo la vida de venezolanos. Se exhorta a que sean investigados a profundidad los casos y que se emprendan acciones para que las víctimas sean liberadas y regresen con sus familiares, se castigue a los responsables y se retome el control de la seguridad en la zona fronteriza a fin de garantizar el derecho a la vida todos los venezolanos.
La ONG Fundaredes hace público cuarto boletín
“SECUESTROS Y DESAPARICIONES: UN DRAMA QUE CRECE EN LA FRONTERA VENEZOLANA”
