Quem é o Presidente? ECONOMISTA E JORNALISTA ELE FEZ UMA CARTA DE CONCILIAÇÃO ENTRE AS FARC LAN DE 1997 OMISIÓN NACIONAL DE CONCILIACIÓN

Santos, que vai continuar no poder por mais quatro anos, 63 anos, é economista e jornalista. Sua carreira política começou em 1991, quando ele deixou sua posição como Director-adjunto do tempo para lidar com a carteira de comércio exterior no governo de César Gaviria. Mas sua consolidação foi entre 1993 e 1994, sendo nomeado para a Presidência da República, uma posição que ele então a constituição de 1991 criaria o Vice-Presidente.

Entre 1995 e 1997 foi diretor do Partido Liberal e no ano 2000, Ministro da fazenda e crédito público do governo do conservador Andrés Pastrana. Então, com a chegada de Uribe ao poder, ele definitivamente quebrou suas ligações com o liberalismo pró-governo e tornou-se o fundador do partido do U, plataforma que impulsionou a reeleição do Presidente Uribe e quatro anos mais tarde, sua chegada a Presidência onde batida Antanas Mockus em primeira e segunda rodada eleitoral.

E é o U, precisamente, que o trouxe ao poder novamente. Neste jogo, juntamente com o liberalismo, a mudança Radical e alguns líderes do partido conservador, unidade nacional consolidada, tornar-se a primeira força no Congresso e que pretende continuar o seu mandato e levar em frente seu maior desafio e a bandeira que conseguiu sua reeleição: paz com as Farc e o Eln.

O processo está atualmente em fase final. Três dos cinco pontos da agenda, relativo a questão agrária, a participação na política e tráfico de drogas foram trazidos para a frente. Atualmente, é em discussão a questão das vítimas. Na pendência de desmobilização, desarmamento e o fim do conflito é.

Mas enquanto a paz será sua prioridade, não será o único. Santos terá o desafio de pôr cobro à polarização e evitar de acabar com o clima hostil que foi experimentado na campanha, tornando-se permanente no país.

Carta de Juan Manuel Santos a la
Comisión Nacional de Conciliación
Santafé de Bogotá, Octubre de 1997
Señores
COMISIÓN NACIONAL DE CONCILIACIÓN
E.S.M.
Apreciados Comisionados:
Colombia se encuentra en una encrucijada dramática. Los evidentes
síntomas de descomposición social, la ineficacia del Estado, la legitimidad
disminuida del Primer Mandatario y la perplejidad de la comunidad
nacional e internacional ante las continuas y nuevas denuncias que afectan
de algún modo a su gobierno, han agravado el desconcierto en que se
encuentra sumida la nación. Todo esto, por desgracia, ha impedido la
formulación por parte del actual gobierno de una aceptable solución
política negociada a la guerra fratricida cada vez más cruenta y confusa.
La más reciente de esas frustraciones fue el resultado de la misión que el
presidente Ernesto Samper le encomendó a sus consejeros de paz, los
señores José Noé Ríos Muñoz y Daniel García-Peña Jaramillo, que
consistían en "definir los términos y condiciones dentro de los cuales
podría celebrarse un primer diálogo de paz" con los grupos insurgentes, y
formular "recomendaciones sobre el tratamiento que para conseguir el
mismo objetivo debería darse a los denominados grupos de autodefensa
como parte del conflicto armado".
Al cabo de varias semanas de grandes expectativas, los funcionarios
referidos indicaron con toda claridad que "la desconfianza hacia lo
institucional por parte de los movimientos insurgentes, constituyeron un
permanente obstáculo para cumplir la misión exploratoria en lo que se
refiere a los contactos directos". No obstante, los señores Ríos y GarcíaPeña sugirieron algunos mecanismos tentativos de diálogo, que el propio
Presidente de la República puso a consideración de los insurgentes en un
discurso solemne y en el ámbito histórico del Palacio de Nariño durante la
instalación del Consejo Gubernamental de Derechos Humanos. "El clamor
de la sociedad civil por una fórmula de paz es lo más importante", dijo en
esa ocasión. Y concluyó: "Estamos pendientes de la reacción de los grupos
alzados en armas frente a mi propuesta de iniciar con plenas garantías un
proceso formal para discutir y firmar un acuerdo marco para la paz, que
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www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3566714 2/4
defina un camino de reconciliación para los próximos años". La negativa
de las organizaciones irregulares fue casi inmediata, al tiempo que
reiteraron su decisión de no dialogar con el actual Gobierno.
Nadie puede negar, y nadie lo ha puesto en tela de juicio, que dentro del
marco constitucional vigente, corresponde al Presidente de la República el
manejo del orden público en todo el territorio patrio. A los gobernadores y
alcaldes les corresponde colaborar en el mismo empeño dentro de sus
respectivos territorios. Sin embargo, se debe recordar igualmente que "la
paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (Art. 22, CP de
C). Y recordar también que todos los miembros de la comunidad nacional
están en el deber de engrandecer y dignificar la calidad de colombiano
obrando conforme a principios de solidaridad, defendiendo los derechos
humanos, la justicia social, rescatando los fundamentos de la convivencia,
participando en la vida política, cívica y comunitaria del país, y
propendiendo al logro y mantenimiento de la paz (Capítulo 5. De los
Derechos y Deberes, Art. 95, No. 2, 4, 5, 6 CP de C).
Hoy, ante el fracaso de las iniciativas gubernamentales, unos colombianos
de paz, concientes de los derechos y deberes emanados de la Carta
fundamental, sin más interés que la salud de la patria y bajo nuestra propia
responsabilidad, nos entregamos al deber de explorar nuevos senderos de
reconciliación, cimentando nuestras iniciativas y conductas no solo en el
Derecho sino también en la justa razón.
La exploración que hicimos en las semanas recientes logró con los
movimientos armados los contactos que los delegados presidenciales
infortunadamente no pudieron obtener con su meritoria diligencia. Estos
contactos directores permitieron madurar los pasos concretos hacia un
proceso de paz que se exponen a continuación:
1. En el acto de posesión del nuevo Presidente de la República elegido
dentro del calendario electoral vigente, este procedería a integrar un
gabinete ministerial de unidad nacional con personalidades de una amplia
representación política y social.
2. Una vez integrado el gobierno, el señor Presidente, en su condición de
director de la Fuerza Pública y Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas de la República, procedería a ordenar el despeje de un área
previamente acordada del territorio nacional en conflicto, o lo que es igual,
a efectuar el retiro de la Fuerza Pública del espacio geográfico
predeterminado. Esta área se convertiría en zona de distensión y diálogo a
fin de facilitar, con plenas garantías y total seguridad, el encuentro de
representantes del Gobierno, del Congreso, de la sociedad civil y de la
Comisión de Conciliación Nacional con los insurgentes.
3. Los anteriores estamentos establecerían, de común acuerdo una agenda
que habría de incluir, entro otros puntos, el estudio y preparación de un
proyecto de Ley de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente
dentro de los presupuestos que para el efecto manda cumplir el artículo
376 de la Constitución Nacional (competencia, periodo, composición y
referendo popular).
La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente se haría bajo el
entendido de que, como la señalara la Corte Suprema de Justicia en
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histórico pronunciamiento del 25 de mayo de 1991, y citando a Bobbio: "la
vida política se desarrolla a través de conflictos jamás definitivamente
resueltos, cuya resolución se consigue mediante acuerdos momentáneos,
treguas y esos tratados de paz más duraderos que son las Constituciones".
Se recomiendan como temas prioritarios de estudio, dentro del marco
constituyente, la introducción en la Carta de mecanismos que impidan
poner en desventaja al ciudadano respecto de las acciones de amparo ya
consagradas para él en el texto constitucional; la revisión y modificación,
en lo que fuere pertinente, de la organización y la estructura del Estado y
de los procedimientos de aprobación por parte del Congreso de la Ley
Orgánica de Reordenamiento Territorial.
Igualmente, cabría aprovechar el encuentro nacional de las partes citadas
en la zona de distensión y diálogo para concertar una verdadera reforma
agraria dentro del marco de una política agraria integral; a la vez, se
procedería a estudiar con la debida consideración y ánimo democrático, los
puntos y tópicos que los irregulares quieran exponer o proponer.
4. El retiro de la Fuerza Pública de la zona geográfica acordada con la
insurgencia y con la colaboración comprensiva de los altos mandos
militares de la nación, se efectuaría en un plazo no mayor de treinta días
contados a partir de la fecha en que se imparta la orden presidencial
dirigida al logro de tal despeje. Verificado dicho retiro por la insurgencia
con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y otros
organismos no gubernamentales escogidos por las partes para tal
menester, la insurgencia procedería a ordenar cese al fuego y demás
operativos militares de carácter ofensivo. Veinticuatro horas más tarde, el
Presidente de la República, consecuente con tal iniciativa, procedería a
ordenar el cese al fuego y demás operativos militares respecto de aquella o
aquellas organizaciones alzadas en armas que previamente hayan
manifestado lo propio.
5. Una vez dadas las etapas conducentes al inicio de los diálogos antes
referidos, se identificarían los países amigos de Colombia que se
constituirían en facilitadores y garantes del proceso y las demás
instituciones y personalidades nacionales e internacionales coadyuvantes.
Señores de la Comisión Nacional de Conciliación: los puntos que se ponen
a la consideración de ustedes en forma pública y por su conducto al señor
Presidente de la República y a la sociedad toda, deben tener como alta mira
la paz nacional. Pero esa paz -como lo advierte esta Camisón en excelente
documento- debe ser obra de la justicia"; que " supone y exige la
instauración de un orden justo en el que los hombres pueden realizarse
como tales, en donde su dignidad sea respetada, sus legítimas aspiraciones
satisfechas, su acceso a la verdad reconocida, su libertad personal
garantizada. Un orden en el que los hombres no sean objetos, sino agentes
de su propia historia".
Se trata de rescatar la natural capacidad de sonreír del pueblo de Colombia,
de devolver a nuestros hijos la vocación para soñar y de citarnos
prontamente en algún lugar de la patria para reconstruirla.
Ahora bien, este proceso sometido a consideración de la insurgencia
armada, como ya se indicó, queda diseñado para darse a partir del 7 de01/07/13 CartadeJuanManuel Santos alaComisiónNacional deConciliación- Archivo- ArchivoDigital deNoticias deColombiayel Mundodesde1.990- eltiem…
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agosto del año entrante, con la posesión del nuevo Presidente.
Pero al mismo tiempo -y así me corresponde proclamarlo- puede
convertirse en realidad antes de lo anunciado para evitar no solo millares
de muertos, sino garantizar el normal desarrollo y la transparencia de las
elecciones del año entrante, si así lo determina en forma patriótica el señor
Presidente, reconociendo que la paz es la prioridad nacional pero que los
hechos son tozudos y que no son distintos a los arriba señalados.
Cualquiera que sea la decisión sobre la fecha en que se puede iniciar este
proceso, el propósito es seguir ampliando el consenso en torno a esta
fórmula constitucional para la paz.
Dado que esta propuesta, considerada como viable y seria por los actores
principales del conflicto armado, fue objetor de interpretaciones equívocas
por las instancias más altas, calificada de inconstitucional sin conocer su
contenido y acusados sus autores de conspirar contra el poder supremo y
de instigar la guerra y no la paz, me he tomado la atribución de presentarla
personalmente ante ustedes. De esta manera, las personas que han
contribuido al proceso y los que han mostrado su entusiasmo podrán
manifestarse con mayor tranquilidad y sin coacción o temor alguno.
Cordialmente,
Juan Manuel Santos.
Publicación
eltiempo.com
Sección
Política
Fecha de publicación
23 de mayo d