Ex Procuradora Luisa Ortega Denuncia << Marqueteiros do PT >>> Operaram Para o Regime Bolivariano Ficar no Poder Com dinheiro do BNDES <<>> US$ 11 milhões em 2012

RENATO SANTOS 06/08/2017  A  GAZETA CENTRAL  (  BLOG),  através  do  Irbing Valesco estava  fazendo  uma investigação,  para  denunciar ao Ministério  Publico da  Venezuela a  maior  ladroagem já  feita  entre  o  LULA  e  HUGO  CHAVES. 

Só agora  depois da saída da procuradora  é  que  vem atona o esquema  de  corrupção  com  dinheiro publico brasileiro  para a lavagem de  dinheiro  pelas empreiteiras  que  estão  envolvidas  na LAVA  JATO.

E  com  isso  a ditadura  bolivariana  foi  se  afirmando ainda  mais,  pois  tivemos  Senadores de partido da esquerda e  Deputados  Federais  esquerda  que sabiam  das   profundezas  da  " grande  pátria"  isso é a  maior  corrupção da história  da América do  Sul, que  no mínimo  esses  deveriam  ser  afastados  pelo Senado e a Câmara  dos  Deputados  Brasileiros  que deram  o  nosso  dinheiro.

Luisa  Ortega  perdeu seu cargo  ao declarar guerra contra  NICOLÁS  MADURO, ela já  tinha conhecimento  de que  LULA  E  HUGO  CHAVES tinham  planos  de fazer a revolução bolivariana  uma ditadura  diante da  corrupção.  

Nessa  época  LULA jogava de  dois  lados  enquanto aqui  no  Brasil  ele fazia a campanha  para  DILMA na VENEZUELA fazia para  perpetuar a  ditadura através de NICOLAS  MADURO  com  apoio de FIDEL CASTRO,  foro de  são  paulo, EVO MORARES, DILMA e  a  linhagem  do  PT entre outros  partidos esqueritas e  traidores da  Nação Brasileira.  

O  caminho  do  PT, CHAVISMO e  MADURISMO além  do  PARTIDO  COMUNISTA  DE CUBA  com apoio da RUSSIA, era  criar  duas  bases  navais militares  uma  em CUBA  e outra  na AMAZÔNIA  na  fronteira  entre  VENEZUELA e  BRASIL.  

Com apoio de  francos  atiradores, das  as FARCS, a qual teriam  os  braços  armados do  PCC e CV, ambas facções treinadas pelos   bolivarianos  isso  é soldados cubanos  que  já estavam  no  Brasil  na época dos MAIS  MÉDICOS  programa  criados pelos governos golpistas  esquerda  do  Brasil, a  qual criaram também na VENEZUELA.

Luisa  Ortega  é  uma  procuradora  do  Ministério Público  VENEZUELANO ,  filiada  ao  Partido MUD, com  a  constituinte  ela percebeu  tarde demais  que estava sendo  enganada, ela  vai  precisar  do  apoio da LAVA JATO  do  Brasil,   tem  denuncias  fortes contra  os assassinos  que  podem  encaminhar a prisão de  LULA,  cabe agora  o   Juíz Sergio  Moro aceitar  essas denuncias da  procuradora  já  que  lá ela  não terá  nem garantia  de  vida .

Mas  quem  é  essa  procuradora que  de vilã  poderá se tornar  uma  mártir na  história da VENEZUELA. 

Luisa Marvelia Ortega Díaz (Valle de la Pascua, estado Guárico, Venezuela, 11 de enero de 1958) es una abogada venezolana. Fue Fiscal General del Ministerio Público de ese país, cargo que ejerció por designación de la Asamblea Nacional, el 13 de diciembre de 2007, por el período entre 2008 y 2014, un lapso de siete años, siendo ratificada por el parlamento por un período igual el 22 de diciembre de 2014 (2014-2021). Fue destituida el 5 de agosto de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente.

Ortega estudió en la Universidad de Carabobo y obtuvo su título de abogada. Se especializó en derecho penal en la Universidad Santa María(donde actualmente es profesora) y derecho procesal en la Universidad Católica Andrés Bello, ambas ubicadas en Caracas. 

También se desempeñó como consultora jurídica del canal de televisión del Estado Venezolana de Televisión, ingresando, posteriormente, al Ministerio Público en abril de 2002.

El 27 de febrero de 2013, se juramentó como presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad para contribuir a las investigaciones de todos los crímenes de lesa humanidad y violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por el Estado venezolano durante el lapso 1958-1998 de conformidad con la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas cometidas por los gobiernos que dirigieron al país durante dicho periodo.

Como fiscal general

Entre las acciones más importantes durante su gestión en la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentran:

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• La investigación, procesamiento y detención de dueños y directores de una serie de pequeños bancos no simpatizantes del gobierno incursos en irregularidades en la administración de su patrimonio.
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• El adelanto en la investigación del ajusticiamiento de grupos insurgentes, por parte del estado venezolano el 4 de octubre de 1982, conocida como Masacre de Cantaura, hecho ocurrido en las cercanías de la ciudad de Cantaura en el estado Anzoátegui.
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• La solicitud de extradición y enjuiciamiento del ex-presidente Carlos Andrés Pérez, por la represión de las protestas y disturbios durante su gobierno, desarrollado entre los días 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como El Caracazo, cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana (PM) y Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) salieron a las calles a controlar la situación, siguiendo las órdenes de ex-gobernante.​
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• La creación de la Escuela Nacional de Fiscales, institución docente adscrita al Ministerio Público, que tiene como fin la formación y mejoramiento del material humano que actúa en representación de la fiscalía. La finalización académica acarrea la titularidad en los cargos lo que genera estabilidad profesional e independencia del organismo.
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• El mejoramiento de la estructura de investigación criminalística y científica del Ministerio Público venezolano, mediante la creación de laboratorios propios.
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• El anuncio de investigación de las declaraciones de Mario Silva sobre corrupción en el gobierno.​
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• El 4 de abril de 2014, informó que el coordinador nacional del partido Voluntad Popular, Leopoldo López fue acusado por los delitos de "instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir".
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• La creación de fiscalías especializadas en áreas de sensibilidad social, como la violencia contra la mujer, protección a niños, niñas y adolescentes, ambiente laboral, así como fiscalías orientadas a la investigación de delitos graves contra las personas (homicidios) o delincuencia organizada (robo de vehículos, extorsión y secuestro).​
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• La creación de las fiscalías municipales, despachos destinados a atender delitos cuyas penas no excedan los tres años como pena máxima; son fiscalías con mucha funcionalidad en el área de los dólares, trabajando directamente con las comunidades, organizaciones sociales e instituciones educativas.
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• El 24 de marzo de 2017 en la presentación del informe final realizado por la Comisión por la Justicia y la Verdad, destacó que gracias al trabajo de investigación realizado fueron establecidas las responsabilidades de quienes cometieron violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad entre 1958 y 1998.
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• El 31 de marzo de 2017, declaró que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, son una ruptura del orden constitucional.
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• El 24 de mayo de 2017, declaró que el estudiante Juan P. Pernalete fue muerto por una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), desmontando así la versión que ofreció el Ministro de Justicia y autoridades importantes del gobierno de Nicolás Maduro de que Juan P. Pernalete había sido asesinado por una pistola de perno.
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• El 1 de junio entrega documento al Tribunal Supremo de Justicia, en el cual solicita a la sala constitucional aclarar el significado de la progresividad de los derechos humanos, los cuales no pueden ser desmejorados.
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• El miércoles 17 de julio de 2017 criticó la intención de diputados opositores de la Asamblea Nacional de nombrar 33 nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia.​
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• Para el 28 de junio de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó congelar cuentas bancarias a Ortega y le prohíben salir de Venezuela.​

Demandas en contra

En 2014 la diputada al Parlatino Delsa Solórzano anunció que demandaría a Ortega Díaz por no haber investigado las pérdidas millonarias por el uso de dólares preferenciales del sistema CADIVI.​

A raíz de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremode Justicia (TSJ) en donde éste le quitaba todas sus facultades constitucionales a la Asamblea Nacional (AN) controlada por la oposición y se las arrogaba a sí mismo y al Presidente de la República,​ el 31 de marzo del 2017 la Fiscal denunció en rueda de prensa que hubo "ruptura del orden constitucional".​ Ese mismo día el Presidente convocó a un Consejo de Defensa de la Nación para exhortar al TSJ reconsiderar las sentencias.​ 

Al día siguiente el máximo tribunal suprimió de las sentencias las medidas cautelares que anulaban a la AN.

El 1° de mayo del 2017 el Presidente anunció mediante el decreto 2830 la convocatoria a una asamblea nacional constituyente (ANC)​ con la que la Fiscal no estuvo de acuerdo.​ 

Luego de que el TSJ se pronunciara mediante sentencia 347 dictando que el Ejecutivo podía convocar una ANC porque él actuaba en nombre de la soberanía del pueblo,​ la Fiscal interpuso ante el TSJ distintos recursos para la anulación de la ANC, pues a su juicio dicho proceso violaba los Artículos 5, 63, 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.​ 

Luego de la negativa del TSJ a los recursos de la Fiscal, ésta pidió anular el nombramiento de 13 magistrados y 21 suplentes designados el 23 de diciembre del 2015 por la AN con mayoría oficialista, pues tal nombramiento estuvo viciado por no haberse realizado según el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), al mismo tiempo que pide a los magistrados impuganos inhibirse de la causa según lo establecido en los artículos 55, 56 y 57 de la LOTSJ.​ El TSJ nuevamente denegó la petición de la Fiscal sin dar explicaciones de fondo de su decisión.​ 

La Fiscal solicita al TSJ antejuicio de mérito contra los magistrados que suscribieron las sentencias 155 y 156, por conspirar para alterar la forma republicana de la Nación (artículo 132 Código Penal),​ demanda que de nuevo es negada por el TSJ sin dar explicaciones de su decisión.

Posteriormente Pedro Carreño, diputado oficialista por el Gran Polo Patriótico (GPP) solicita al TSJ antejuicio de mérito contra la Fiscal por la comisión de supuestos delitos graves, a saber: “atentar, lesionar, o amenazar la ética pública y la moral administrativa”; “actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución”; y de “violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución”. El oficialista Carreño también solicitó al TSJ la prohibición de salida del país de la Fiscal y congelamiento de sus bienes.​ 

El TSJ accede a las peticiones del diputado oficialista y programa para el 4 de julio del 2017 la primera audiencia, además de que condece las medidas cautelares solicitadas de prohibir la salida del país de la Fiscal y congelar sus bienes.​ Ortega Díaz es defendida por un equipo de abogados liderizado por Ángel Zerpa Aponte.

Destitución

El 5 de agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente en su primer día de funciones (por unanimidad de los 545 miembros)​ y por propuesta de Diosdado Cabello,​ destituyó a la Fiscal General. 

Ante dicho acto, Ortega Díaz, se puso en desacato y diputados parlamentarios de la Asamblea Nacional y miembros de la Mesa de la Unidad Democrática respaldaron a la funcionaria afectada.​ Horas antes, agentes de la Guardia Nacional sitiaron la sede del Ministerio Público en Caracas, impidiendo el ingreso al edificio a Ortega Díaz.​ Previamente, Ortega Díaz había desconocido los resultados de las elecciones a la Asamblea Constituyente, al insistir que se trató de "un proceso que no está apegado a la Constitución".​

El día anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), había otorgado medidas cautelares de protección para Ortega Díaz, al considerar que su vida e integridad "enfrentan riesgo inminente de daño irreparable". Tras los hechos, el abogado constitucionalista y miembro de la Asamblea Constituyente, Hermann Escarrá, declaró que Ortega Díaz "quedaría sometida a la jurisdicción penal”.​

La Asamblea Constituyente también declaró en emergencia al Ministerio Público y nombró temporalmente como sucesor a Tarek William Saab.​

Luis Almagro, secretario general de la OEA, calificó los hechos de "actos nulos", desconociendo la destitución de Ortega Díaz.​

Os  contratos das  empresas  envolvidas  na LAVA  JATO  trata-se  de crime  LESA  PÁTRIA, dinheiro  de  financiamento do BNDES  para  os governo  corruptos de  HUGO  CHAVES E NICOLÁS  ,MADURO  usados  para  comprar armamentos de  guerra  contra  uma população indefesa, a GAZETA CENTRAL ( BLOG),  alertava deste  2012, em  pequenas  notas  nas redes sociais, deram suportes aos  paramilitares vindos de  CUBA, guerrilheiros das  as  farcs, assassinos venezuelanos  de  pequenas facções internas  do  País ,  além  de narco tráficos internacionais  em  cabeçada  pelo DIOSDADO CABELLO, e  o general traidor da VENEZUELA.

O Governo  tinha  um  plano  além de desestabilizar a  econômica  do  País, outro  era maléfico em cinco  anos  matar  mais  de 30  mil VENEZUELANOS, mas esse  numero ainda pode ultrapassar  quando  a  comunidade internacional  abrir  os olhos.