Venezuela realiza diálogo interactivo con expertos en derechos humanos de la ONU

El día de ayer comenzó en Ginebra lo que sería el examen a la delegación venezolana sobre Derechos Humanos en el país. La comisión está compuesta por 35 delegados que conforman la Misión Permanente de Venezuela que participaran en el diálogo interactivo durante dos días consecutivos ante el Comité de Derechos humanos de la ONU, en cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

En el alto comisionado definitivo figura la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz como jefa de la delegación, seguido de Isis Ochoa, comisionada presidencial por la Paz y por la Vida, y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, en conjunto con los magistrados Carmen Zuleta y Marjorie Calderón. En representación del Consejo Nacional Electoral (CNE), estaban la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral, Sandra Oblitas y William Castillo, en representación de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones).

Dentro de la comisón de expertos internacionales figuran Fabián Salvioli de la Argentina y presidente de la Comisión de DDHH ante la ONE, Sarah Cleveland, de los EEUU, Victor Rodríguez de Costa Rica, Yuval Shany de Israel, entre otros.

Entre las organizaciones no gubernamentales que participaran en el examen destacan Acción Solidaria (Acsol), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Espacio Público, y el Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea).

Además, agrupaciones que representan grupos vulnerables también presentaron informes, como el Observatorio Venezolano de Prisiones; Cepaz, Gendhu, Avesa y Freya, sobre los derechos de las mujeres; el Laboratorio de Paz, sobre los derechos de los pueblos indígenas; la Alianza LGBT de Venezuela, sobre los derechos de las personas sexodiversas; y Rednnna, sobre los derechos de la niñez.

Se da inicio a la ronda de preguntas, el grupo de expertos indagan sobre los derechos civiles y políticos, ¿Existe una militarización publica y social en el país?, ¿se investigan y sancionan las actividades de grupos de civiles armados?, ¿la Defensoría del Pueblo cumple con deber de proteger derechos humanos con independencia?

La primera en intervenir es la representante del Foro por la Vida, Ligia Bolívar, quien denunció que los avances en la Constitución en DDHH están amenazados por leyes regresivas y ausencia de independencia de poderes. Esta tendencia explica la exclusión de la sociedad civil en la elaboración de este cuarto pacto.

Bolívar aseguró que la Defensoría del Pueblo no se ajusta a los criterios de independencia de los Principios de París, considerando la actuación de esa entidad dio origen a la revisión de su acreditación en marzo 2015, siendo su categoría bajada a B, la más baja en los últimos años.

La representante del Foro para la Vida condenó que existe exclusión en áreas como empleo, contratos públicos, becas y cupos de estudio. Hay practicas deliberadas para evitar el registro de torturas, con traslados de lesionados a hospitales militares. Se denunció además ante los expertos internacionales que en Venezuela existe uso de la Defensa Pública como mecanismo para impedir denuncias de malos tratos ante tribunales; asimismo, falta la consignación de informes forenses e independientes por médicos adscritos al órgano de detención.

"Civiles armados se registran desde hace años, pero su coordinación con cuerpos de seguridad del Estado se evidenció en 2014". De la existencia de grupos paraestatales, Bolívar informó que han realizado ataques a residencias, detenciones y agresiones sin que autoridades tomen medidas ni para identificar, sancionar o disolver estos grupos paraestatales, evidentemente relacionado con el partido de Gobierno, aseveró la activista.

Tras el relato de Bolívar, se cedió el turno a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que en principio visiblemente molesta atacó a los activistas venezolanos culpándolo de "distorsionar y crear intrigas sobre la realidad venezolana".

La Fiscal informó que 26.318 armas de fuego fueron destruidas en 2014 y que existen 15.929 pruebas periciales en materia de DDHH que se han realizado a través del laboratorio criminalistico, y aseguró además que ningún funcionario del Estado ha sido detenido por estos casos.

Sobre el derecho a la manifestación, Ortega aseguró que "el derecho a la manifestación es limitado a que sea pacífico y sin armas".

Respecto a la materia de derechos humanos en las cárceles, informó que "los presos gozan de todos sus derechos y se realizan planes para acelerar el retardo procesal".

Luego replicó el experto costarricense Víctor Rodríguez, que empezó su intervención condenando al gobierno venezolano por presentar el informe con 7 años de retraso.

"Me preocupa la forma en que se aplica y se interpreta esa norma y esa constitución". ¿De manera los jueces aplican el Pacto de Derechos Civiles y Políticos? Nos preocupan las habilitantes en Venezuela y leyes que reprueban conductas que no son acorde a un marco limitativo, denunció Rodríguez. Nos preocupa la instrucción militar dentro de la cárcel. ¿Qué pasa con el que no quiera la instrucción?. También resaltó como el Defensor del Pueblo fue electo sin contar con la participación ciudadana.

¿Son claros y transparentes los procesos de nombramiento de jueces a los tribunales?, Ante esta pregunta la Fiscal aseguro que se acusa al Estado de una infamia, refiriéndose al caso de Maria Afiuni. 

Replicó que en el caso de la juez Afiuni no había pruebas de que hubiera aceptado soborno para su decisión.

En la Intervención de la jueza Marjorie Calderón en representación del Estado venezolano, reconoce provisionalidad de jueces y que apenas ahora se discute ley para instrumentar concursos, aunque indicó que en 14 años sólo 3 veces se han llevado a cabo concursos públicos a jueces.

Según la jurista, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano está al tanto de regular la titularidad de los jueces, pero los exámenes para evaluarlos son muy complejos

En materia de libertad de expresión y medios, los expertos exhortaron a la delegación venezolana y denunciaron que Conatel ha ejecutado 18.071 violaciones a la TV, 6.740 violaciones relativas a la Radio. Parece que ha habido un seguimiento importante.