RENATO SANTOS 06/08/2017 A GAZETA CENTRAL ( BLOG), através do Irbing Valesco estava fazendo uma investigação, para denunciar ao Ministério Publico da Venezuela a maior ladroagem já feita entre o LULA e HUGO CHAVES.
Só agora depois da saída da procuradora é que vem atona o esquema de corrupção com dinheiro publico brasileiro para a lavagem de dinheiro pelas empreiteiras que estão envolvidas na LAVA JATO.
E com isso a ditadura bolivariana foi se afirmando ainda mais, pois tivemos Senadores de partido da esquerda e Deputados Federais esquerda que sabiam das profundezas da " grande pátria" isso é a maior corrupção da história da América do Sul, que no mínimo esses deveriam ser afastados pelo Senado e a Câmara dos Deputados Brasileiros que deram o nosso dinheiro.
Luisa Ortega perdeu seu cargo ao declarar guerra contra NICOLÁS MADURO, ela já tinha conhecimento de que LULA E HUGO CHAVES tinham planos de fazer a revolução bolivariana uma ditadura diante da corrupção.
Nessa época LULA jogava de dois lados enquanto aqui no Brasil ele fazia a campanha para DILMA na VENEZUELA fazia para perpetuar a ditadura através de NICOLAS MADURO com apoio de FIDEL CASTRO, foro de são paulo, EVO MORARES, DILMA e a linhagem do PT entre outros partidos esqueritas e traidores da Nação Brasileira.
O caminho do PT, CHAVISMO e MADURISMO além do PARTIDO COMUNISTA DE CUBA com apoio da RUSSIA, era criar duas bases navais militares uma em CUBA e outra na AMAZÔNIA na fronteira entre VENEZUELA e BRASIL.
Com apoio de francos atiradores, das as FARCS, a qual teriam os braços armados do PCC e CV, ambas facções treinadas pelos bolivarianos isso é soldados cubanos que já estavam no Brasil na época dos MAIS MÉDICOS programa criados pelos governos golpistas esquerda do Brasil, a qual criaram também na VENEZUELA.
Luisa Ortega é uma procuradora do Ministério Público VENEZUELANO , filiada ao Partido MUD, com a constituinte ela percebeu tarde demais que estava sendo enganada, ela vai precisar do apoio da LAVA JATO do Brasil, tem denuncias fortes contra os assassinos que podem encaminhar a prisão de LULA, cabe agora o Juíz Sergio Moro aceitar essas denuncias da procuradora já que lá ela não terá nem garantia de vida .
Mas quem é essa procuradora que de vilã poderá se tornar uma mártir na história da VENEZUELA.
Luisa Marvelia Ortega Díaz (Valle de la Pascua, estado Guárico, Venezuela, 11 de enero de 1958) es una abogada venezolana. Fue Fiscal General del Ministerio Público de ese país, cargo que ejerció por designación de la Asamblea Nacional, el 13 de diciembre de 2007, por el período entre 2008 y 2014, un lapso de siete años, siendo ratificada por el parlamento por un período igual el 22 de diciembre de 2014 (2014-2021). Fue destituida el 5 de agosto de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente.
Ortega estudió en la Universidad de Carabobo y obtuvo su título de abogada. Se especializó en derecho penal en la Universidad Santa María(donde actualmente es profesora) y derecho procesal en la Universidad Católica Andrés Bello, ambas ubicadas en Caracas.
También se desempeñó como consultora jurídica del canal de televisión del Estado Venezolana de Televisión, ingresando, posteriormente, al Ministerio Público en abril de 2002.
El 27 de febrero de 2013, se juramentó como presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad para contribuir a las investigaciones de todos los crímenes de lesa humanidad y violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por el Estado venezolano durante el lapso 1958-1998 de conformidad con la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas cometidas por los gobiernos que dirigieron al país durante dicho periodo.
Como fiscal general
Entre las acciones más importantes durante su gestión en la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentran:
- La investigación, procesamiento y detención de dueños y directores de una serie de pequeños bancos no simpatizantes del gobierno incursos en irregularidades en la administración de su patrimonio.
- El adelanto en la investigación del ajusticiamiento de grupos insurgentes, por parte del estado venezolano el 4 de octubre de 1982, conocida como Masacre de Cantaura, hecho ocurrido en las cercanías de la ciudad de Cantaura en el estado Anzoátegui.
- La solicitud de extradición y enjuiciamiento del ex-presidente Carlos Andrés Pérez, por la represión de las protestas y disturbios durante su gobierno, desarrollado entre los días 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como El Caracazo, cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana (PM) y Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) salieron a las calles a controlar la situación, siguiendo las órdenes de ex-gobernante.
- La creación de la Escuela Nacional de Fiscales, institución docente adscrita al Ministerio Público, que tiene como fin la formación y mejoramiento del material humano que actúa en representación de la fiscalía. La finalización académica acarrea la titularidad en los cargos lo que genera estabilidad profesional e independencia del organismo.
- El mejoramiento de la estructura de investigación criminalística y científica del Ministerio Público venezolano, mediante la creación de laboratorios propios.
- El anuncio de investigación de las declaraciones de Mario Silva sobre corrupción en el gobierno.
- El 4 de abril de 2014, informó que el coordinador nacional del partido Voluntad Popular, Leopoldo López fue acusado por los delitos de "instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir".
- La creación de fiscalías especializadas en áreas de sensibilidad social, como la violencia contra la mujer, protección a niños, niñas y adolescentes, ambiente laboral, así como fiscalías orientadas a la investigación de delitos graves contra las personas (homicidios) o delincuencia organizada (robo de vehículos, extorsión y secuestro).
- La creación de las fiscalías municipales, despachos destinados a atender delitos cuyas penas no excedan los tres años como pena máxima; son fiscalías con mucha funcionalidad en el área de los dólares, trabajando directamente con las comunidades, organizaciones sociales e instituciones educativas.
- El 24 de marzo de 2017 en la presentación del informe final realizado por la Comisión por la Justicia y la Verdad, destacó que gracias al trabajo de investigación realizado fueron establecidas las responsabilidades de quienes cometieron violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad entre 1958 y 1998.
- El 31 de marzo de 2017, declaró que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, son una ruptura del orden constitucional.
- El 24 de mayo de 2017, declaró que el estudiante Juan P. Pernalete fue muerto por una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), desmontando así la versión que ofreció el Ministro de Justicia y autoridades importantes del gobierno de Nicolás Maduro de que Juan P. Pernalete había sido asesinado por una pistola de perno.
- El 1 de junio entrega documento al Tribunal Supremo de Justicia, en el cual solicita a la sala constitucional aclarar el significado de la progresividad de los derechos humanos, los cuales no pueden ser desmejorados.
- El miércoles 17 de julio de 2017 criticó la intención de diputados opositores de la Asamblea Nacional de nombrar 33 nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia.
- Para el 28 de junio de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó congelar cuentas bancarias a Ortega y le prohíben salir de Venezuela.
Demandas en contra
En 2014 la diputada al Parlatino Delsa Solórzano anunció que demandaría a Ortega Díaz por no haber investigado las pérdidas millonarias por el uso de dólares preferenciales del sistema CADIVI.
A raíz de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremode Justicia (TSJ) en donde éste le quitaba todas sus facultades constitucionales a la Asamblea Nacional (AN) controlada por la oposición y se las arrogaba a sí mismo y al Presidente de la República, el 31 de marzo del 2017 la Fiscal denunció en rueda de prensa que hubo "ruptura del orden constitucional". Ese mismo día el Presidente convocó a un Consejo de Defensa de la Nación para exhortar al TSJ reconsiderar las sentencias.
Al día siguiente el máximo tribunal suprimió de las sentencias las medidas cautelares que anulaban a la AN.
El 1° de mayo del 2017 el Presidente anunció mediante el decreto 2830 la convocatoria a una asamblea nacional constituyente (ANC) con la que la Fiscal no estuvo de acuerdo.
Luego de que el TSJ se pronunciara mediante sentencia 347 dictando que el Ejecutivo podía convocar una ANC porque él actuaba en nombre de la soberanía del pueblo, la Fiscal interpuso ante el TSJ distintos recursos para la anulación de la ANC, pues a su juicio dicho proceso violaba los Artículos 5, 63, 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Luego de la negativa del TSJ a los recursos de la Fiscal, ésta pidió anular el nombramiento de 13 magistrados y 21 suplentes designados el 23 de diciembre del 2015 por la AN con mayoría oficialista, pues tal nombramiento estuvo viciado por no haberse realizado según el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), al mismo tiempo que pide a los magistrados impuganos inhibirse de la causa según lo establecido en los artículos 55, 56 y 57 de la LOTSJ. El TSJ nuevamente denegó la petición de la Fiscal sin dar explicaciones de fondo de su decisión.
La Fiscal solicita al TSJ antejuicio de mérito contra los magistrados que suscribieron las sentencias 155 y 156, por conspirar para alterar la forma republicana de la Nación (artículo 132 Código Penal), demanda que de nuevo es negada por el TSJ sin dar explicaciones de su decisión.
Posteriormente Pedro Carreño, diputado oficialista por el Gran Polo Patriótico (GPP) solicita al TSJ antejuicio de mérito contra la Fiscal por la comisión de supuestos delitos graves, a saber: “atentar, lesionar, o amenazar la ética pública y la moral administrativa”; “actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución”; y de “violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución”. El oficialista Carreño también solicitó al TSJ la prohibición de salida del país de la Fiscal y congelamiento de sus bienes.
El TSJ accede a las peticiones del diputado oficialista y programa para el 4 de julio del 2017 la primera audiencia, además de que condece las medidas cautelares solicitadas de prohibir la salida del país de la Fiscal y congelar sus bienes. Ortega Díaz es defendida por un equipo de abogados liderizado por Ángel Zerpa Aponte.
Destitución
El 5 de agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente en su primer día de funciones (por unanimidad de los 545 miembros) y por propuesta de Diosdado Cabello, destituyó a la Fiscal General.
Ante dicho acto, Ortega Díaz, se puso en desacato y diputados parlamentarios de la Asamblea Nacional y miembros de la Mesa de la Unidad Democrática respaldaron a la funcionaria afectada. Horas antes, agentes de la Guardia Nacional sitiaron la sede del Ministerio Público en Caracas, impidiendo el ingreso al edificio a Ortega Díaz. Previamente, Ortega Díaz había desconocido los resultados de las elecciones a la Asamblea Constituyente, al insistir que se trató de "un proceso que no está apegado a la Constitución".
El día anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), había otorgado medidas cautelares de protección para Ortega Díaz, al considerar que su vida e integridad "enfrentan riesgo inminente de daño irreparable". Tras los hechos, el abogado constitucionalista y miembro de la Asamblea Constituyente, Hermann Escarrá, declaró que Ortega Díaz "quedaría sometida a la jurisdicción penal”.
La Asamblea Constituyente también declaró en emergencia al Ministerio Público y nombró temporalmente como sucesor a Tarek William Saab.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, calificó los hechos de "actos nulos", desconociendo la destitución de Ortega Díaz.
Os contratos das empresas envolvidas na LAVA JATO trata-se de crime LESA PÁTRIA, dinheiro de financiamento do BNDES para os governo corruptos de HUGO CHAVES E NICOLÁS ,MADURO usados para comprar armamentos de guerra contra uma população indefesa, a GAZETA CENTRAL ( BLOG), alertava deste 2012, em pequenas notas nas redes sociais, deram suportes aos paramilitares vindos de CUBA, guerrilheiros das as farcs, assassinos venezuelanos de pequenas facções internas do País , além de narco tráficos internacionais em cabeçada pelo DIOSDADO CABELLO, e o general traidor da VENEZUELA.
O Governo tinha um plano além de desestabilizar a econômica do País, outro era maléfico em cinco anos matar mais de 30 mil VENEZUELANOS, mas esse numero ainda pode ultrapassar quando a comunidade internacional abrir os olhos.