renato santos
18/01/2016
Tras el anuncio del pasado viernes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de declarar estado de emergencia económica, el Consejo Nacional de Economía Productiva, instancia conformada por autoridades y empresarios, se reunirá este lunes para decidir conjuntamente qué decisiones tomar.
Bajo la batuta del vicepresidente del Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, y el vicepresidente de Economía Productiva, Luis Salas, el Consejo, que completan empresarios, alcaldes y gobernadores regionales, debe elaborar un mapa “de atención en tiempo real a necesidades reales; atención y solución”, dijo Maduro el viernes.
El Banco Central de Venezuela (BCV) reveló ese mismo día una inflación interanual hasta septiembre de un 141,5 %, la mayor de toda la historia nacional, y una contracción de la economía del 4,5 %.
Uno de los convocados a la reunión de este lunes en su condición de gobernador regional es el candidato de la oposición en las dos últimas presidenciales, Henrique Capriles, quien dijo que la inflación es aún mayor y cifró en 270 % la de 2015, “la más alta del planeta”.
La escasez de alimentos y productos de primera necesidad fue de un 70 %, también el porcentaje “más elevado del mundo”, apuntó.
“Es incomprensible que un país sobre el que llovieron chorros de dólares, más de un billón, durante los años de la bonanza petrolera, tenga a 78 % de su población en pobreza de ingresos”, sostuvo y además acusó al BCV de publicar “cifras falsas”.
“¡Creen que nuestro pueblo es tonto!”, sostuvo sin aludir a si estará o no en la reunión convocada en el palacio presidencial.
Tampoco se ha informado si alguno de los otros gobernadores y los alcaldes enfilados en la oposición atenderá al llamado de Maduro, lo que hoy fue puesto en duda por el secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba.
“Una convocatoria de este tipo pareciera muy difícil que la pueda hacer un Gobierno como este. El Gobierno del señor Maduro (…) no es capaz de convocar siquiera a sus partidarios y eso se vio (en los resultados de las elecciones que perdió) el 6 de diciembre pasado”, sostuvo en alusión a las parlamentarias ganadas ese día por la MUD.
Torrealba admitió que, sin embargo, “se impone hoy una convocatoria al país completo para poder afrontar con éxito” problemas tales como la escasez de alimentos y su encarecimiento en la oferta ilegal de contrabando y otras expresiones de la crisis.
Maduro indicó que su Gobierno presentará en el Consejo “elementos claves en nueve motores productivos y la articulación de los sectores públicos nacionales e internacionales en cada uno de estos”.
Los “motores” aluden a los sectores de hidrocarburos, petroquímica, agroalimentario, minería, telecomunicaciones e informática, construcción, industrias, industria militar y turismo.
El principal objetivo apunta a la generación de divisas ante la caída del precio del barril de petróleo, que ha pasado de 100 a 24 dólares en los últimos meses, y se acerca a los 19 dólares en los que se ubica el costo de producción de cada barril venezolano.
Maduro también dijo que “ha llegado la hora” de elevar el precio interno de los combustibles, el más bajo del orbe, así como de “una verdadera ofensiva popular productiva, regeneradora del sistema económico”, hoy “especulador y dependiente”.
Los datos elaborados por el BCV no revelan cifras sobre la escasez y el desabastecimiento, pero en su lugar muestran que la percepción ciudadana del acaparamiento es del 87 %.
Según el informe, es una consecuencia de la reducción de la oferta de bienes de consumo “debido a la baja en las importaciones y a la merma en la producción nacional”.
El documento además revela que el país tuvo un saldo negativo de cuenta corriente de 5.050 millones de dólares al final del tercer trimestre de 2015 y un déficit en la balanza comercial de 782 millones de dólares.
Todo esto llevó a Maduro a decretar el estado de emergencia económica, un modo de estado de excepción que suspende las garantías en el campo económico y que estará vigente durante 60 días, prorrogable por el Parlamento por igual lapso.
La mayoría parlamentaria opositora desde este mes tiene desde el viernes pasado ocho días para evaluar el decreto, que para algunos opositores constituye una petición de cheque en blanco a favor de quien, como repite Capriles, “ya hundió” al país.
El decreto de Maduro, “es un frasco de veneno para los venezolanos” y por lo mismo “inaceptable”; “es como darle una pistola a un asesino” añadió Capriles.
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